Por: Diego Ruiz Thorrens/ El próximo 26 de noviembre las organizaciones, plataformas, rutas y organismos que trabajan por los Derechos Humanos en todo el país se preparan para realizar distintas actividades de carácter cultural, artístico y académico orientados a conmemorar los 5 años de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, acuerdo conseguido entre el gobierno del ex – presidente Juan Manuel Santos Calderón y la guerrilla más antigua de nuestro país, las Farc – EP.
Estas actividades tienen como fin, no sólo insistirle y urgirle al gobierno de turno (y también a todo el pueblo colombiano) por el cumplimiento de los acuerdos establecidos para alcanzar la tan anhelada ‘paz estable y duradera’, sino que también será un espacio para denunciar como este gobierno ha hecho todo lo posible para cumplir con la premisa de su partido político (resumida en la infame frase del señor Fernando Londoño) de “hacer trizas ese maldito papel”, alimentando el fuego de la guerra y la violencia que, indudablemente, les permite mantenerse indefinidamente en el poder (por medio de la venta de la llamada ‘seguridad democrática’), satisfaciendo las necesidades de un sector minoritario dentro del gobierno, en claro detrimento de todo un país.
¿Por qué es tan importante conmemorar estos 5 años de la firma del acuerdo final? En principio, porque el cumplimiento del acuerdo puede salvar muchas vidas, como quedó demostrado en el intervalo entre la finalización del gobierno de Juan Manuel Santos y el inicio del gobierno Duque, sencillo. Una vez arrancó este periodo presidencial, la guerra, la muerte, la hambruna, la improvisación política y el total desprecio por la vida emergieron como si nunca hubiese existe un acuerdo de paz.
Otro motivo para conmemorar tan relevante fecha, es porque este acuerdo es único en el mundo, y condensa muchos aspectos que transformarían nuestro país si lográramos alcanzar y materializar, de una vez por todas, los 6 puntos establecidos en el mismo (1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. 2. Participación Política: apertura democrática para construir la paz. 3. Fin del Conflicto. 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 5. Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto. 6. Implementación, Verificación y Refrendación.)
El acuerdo de paz, contrario a lo que insistan en decir los sectores políticos que ansían atornillarse en el poder, no fue concebido como una forma de promoción de ‘impunidad de la justicia’ (argumento en el que vilmente siguen transmitiendo los sectores de centro – derecha y la derecha más recalcitrante de este de país con su slogan de ‘paz con justicia social’, premisa política demasiado estrecha para un sector que se desgarra las vestiduras cada vez que alguien les señala de corruptos).
El acuerdo de paz para la finalización del conflicto armado, a pesar de los golpes que ha recibo y de su notorio debilitamiento, continua buscando la inclusión de un sector que, al decidir dejar (vía negociación) las armas para participar en el juego de la democracia, continúa apostándole a la paz. No obstante, tanto ha sido el desprecio del actual gobierno por el acuerdo, que precisamente este sector que decidió renunciar a las armas está siendo asesinado, aniquilado, de poco a poco. Pareciera que la premisa de trabajar para que la paz, llegando a todos aquellos territorios sumergidos por la violencia, continúa siendo solo un ‘imaginario’ que con el pasar de los años es cada día más imposible de alcanzar.
En el departamento de Santander existen claros retrocesos en el alcance/avance de la tan anhelada paz. Sólo en el Magdalena Medio, la violencia contra los sectores campesinos y los, las y les líderes y lideresas sociales ha venido en preocupante aumento. En la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, la existencia de nuevas células de microtráfico están mutando y creciendo, llegando a más potenciales víctimas, lo que también implica un inusitado aumento en el número de muertes. El sicariato nuevamente se ha vuelto un tema recurrente en una ciudad donde este tipo de fenómeno era bastante común en la década de los 80 y 90, y la exposición de los, las y les líderes y lideresas sociales a la presión y las amenazas por su gestión en pro de sus comunidades nuevamente se hacen latentes. Es como si estuviéramos, nuevamente, en el peor momento de nuestra historia, aunque muchísimo peor si sumamos la actual crisis económica.
A pesar de todo, el trabajo por y para la paz continúa más vivo que nunca. La voz de aquellos y aquellas personas que ha sido silenciada toman fuerza en nuevas y más comprometidas generaciones, y el acuerdo de paz sigue ahí, agonizante, debilitado, pero no muerto. Tanto Colombia como nuestro departamento merecen, sin lugar alguno, alcanzar finalmente la paz, derrotando la violencia, alcanzando un futuro más prometedor para todas y todos aquellos que aún están por venir.
*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Seccional Santander.
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