Cuando el propio fiscal general de la época anunció en Bucaramanga que se pagaron tamales a 30 mil pesos a una empresa de grúas, dentro de la ejecución del cuantioso contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2016; quedó claro que el anuncio era tan solo la punta del iceberg del escándalo que hoy tiene al exgobernador Didier Tavera privado de la libertad.
La denuncia de la Fiscalía llevó a que el CTI realizara un operativo de captura en San Vicente de Chucurí, muy parecido a los que se ven en las películas. El 19 de noviembre de 2017 fueron asegurados, la secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona y el supervisor del contrato, Aníbal González.
La investigación derivó también la captura, ese mismo mes en Bogotá, de Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la empresa Surcolombiana de Inversiones, por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado. Ella, tras colaborar con la justicia, logró una condena de 42 meses de prisión, el pago de una multa por 742 millones de pesos y quedó inhabilitada por 58 meses para ejercer funciones públicas.
Otro de los ‘pesos pesados’ del PAE capturado fue Germán Trujillo Manrique, a quien el Juzgado Cuarto Penal de Bucaramanga condenó a 36 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, deberá pagar una multa de $563 millones.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, a través de la ejecución de ese contrato, se cometió un peculado superior a los 2.000 millones de pesos que afectó a 125.000 niños de 81 municipios del departamento.
También fue vinculado el entonces Gobernador Didier Tavera, a quien el pasado 11 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento después de que la Fiscalía delegada para la Corte Suprema le imputara el delito de celebración indebida de contratos por las irregularidades encontradas en el Programa de Alimentación Escolar de 2016.
El reconocido abogado penalista Daniel Caicedo, quien hace parte del equipo de defensa del exalcalde Luis Francisco Bohórquez en el escándalo conocido como ‘Manantial de Amor’, explicó los aspectos técnicos que rodean la investigación penal en contra de Tavera y las opciones que tiene de recobrar su libertad el próximo 22 de enero, luego que la defensa solicitara su excarcelación.
1- La implicación en el escándalo
El exgobernador de Santander Didier Alberto Tavera Amado está siendo investigado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado a favor de terceros por las presuntas irregularidades encontradas en el Programa Alimentación Escolar (PAE) del 2016.
“Este fue un contrato que asciende a la suma de 35 mil 744 millones de pesos y dentro de ese proceso ya fueron capturados en el 2017 la secretaria educación de la época, Ana de Dios Tarazona y al coordinador del PAE, Aníbal González y Luisa Fernanda Flores, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones”, recordó el abogado Caicedo.
Indicó que, “dentro de la ejecución de este contrato se subcontrataron el suministro de tamales por valor de 30 mil pesos con una empresa de servicio de grúas, esto fue un escándalo a nivel nacional que hizo que la Fiscalía incluyera esta contratación dentro del programa que se llamó Bolsillos de Cristal”.
2- Imputación y medida de aseguramiento
La Fiscalía, en septiembre de 2019, consideró que tenía los elementos suficientes para imputar al Gobernador Didier Tavera por varios delitos, “desde el 10 de septiembre de 2019 solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá la celebración de la respectiva audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento”, indicó el jurista.
Por trámites que se presentaron y contingencias propias de estos procesos la audiencia sólo se pudo hacer el 11 de diciembre. “Le correspondió por reparto dirigir esta audiencia el magistrado Fernando León Bolaños que ante la solicitud de la Fiscalía decidió imponer medida aseguramiento privativa de libertad consiste en detención preventiva en su lugar de residencia al entonces Gobernador Tavera”, relató.
3- ¿Por qué privarlo de la libertad?
A criterio del abogado Daniel Caicedo, esta medida de aseguramiento se dio teniendo como fundamentó el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, numeral II; que establece que se hace necesaria la medida cuando el imputado constituye un peligro para la sociedad o de la víctima y el artículo 310 determina cuando se puede dar ese peligro para la comunidad.
“Consideró el magistrado que esta medida aseguramiento era necesaria por cuanto él como gobernador de Santander podía suscribir nuevamente contrato del PAE y por eso dictó la medida”, destacó.
4- El ‘beneficio’ de ser exgobernador
Si el magistrado a cargo en diciembre pasado falló la medida de aseguramiento con privación de la libertad porque era gobernador en ejercicio, ahora que Didier Tavera está por fuera del cargo la situación podría favorecerle.
“En esa oportunidad habíamos manifestado que, de acuerdo a este fundamento, una vez el gobernador dejará su mandato, a partir del primero de enero su defensa podría solicitar la revocatoria de esta medida aseguramiento por cuanto perdía su investidura de mandatario y por lo tanto dejaba de tener la facultad de celebrar este tipo de contratación”, explicó Caicedo.
Y efectivamente el 14 de enero la defensa del exgobernador solicitó la celebración de una audiencia preliminar para solicitar que se levante la medida de aseguramiento.
5- ¿Recobraría su libertad?
La audiencia solicitada por la defensa le compete al Tribunal Superior de Bogotá, sala penal y por reparto le correspondió al magistrado Hermes Darío Lara Acuña.
“Esta audiencia se va a celebrar el próximo miércoles 22 de enero a las 2:30 de la tarde, a ella fueron citados la Fiscalía Delegada ante la Corte como la defensa y el exgobernador Tavera, los intervinientes y el ministerio público”, informó el abogado Caicedo.
En su experiencia, el penalista advierte que, “ante esta nueva situación, es previsible que sea ordenada la libertad inmediata del exgobernador Didier Tavera”.
Cabe precisar que, en el caso de los gobernadores, la etapa de investigación por escrito mandato de la Constitución Política está en cabeza de la Fiscalía y como juez de garantías para este tipo de aforados actúa el Tribunal Superior de Bogotá.
