Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Hoy nuevamente dedico esta columna a la reflexión de este tema, porque lo que para entonces era una inquietante propuesta del Gobierno, hoy se ha vuelto una realidad y una amenaza latente y muy inquietante para el sector minero, que ha sido renglón fundamental para el desarrollo de la economía nacional, aportando en 2022 el 3% del PIB nacional[1].
De nada sirvieron las 400 observaciones que se le hicieron a este funesto decreto, desde distintas entidades públicas, personas naturales y jurídicas y organizaciones gremiales de diversos sectores, haciendo ver las inconstitucionalidades, ilegalidades y profundas inconveniencias de la norma.
El Gobierno, por encima de todo, en contra del mandato ciudadano y en flagrante violación al debido proceso y otros derechos fundamentales de los ciudadanos, decidió promulgar el Decreto 044 de 2024, que faculta a la Ministra de Ambiente para declarar reservas de recursos naturales de carácter temporal-RRNT, con único propósito de impedir el avance de las actividades mineras, tergiversando los objetivos del artículo 47 del Código de Recursos Naturales, norma en la que se sustenta, así como los mandatos de la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por el Consejo de Estado.
Con este decreto el Presidente Petro reviste a la Ministra de Ambiente de unos “superpoderes” para reservar territorios en cualquier parte del país hasta por 5 años prorrogables, tiempo durante el cual se prohíbe otorgar títulos mineros, así como todo tipo de licencias y permisos ambientales. Pero, ¿Prorrogables por cuánto tiempo? No olvidemos que ¡no hay nada más definitivo que lo provisional.!
Esto va a paralizar por completo la actividad minera en las zonas que se reserven, por cuanto quienes estén tramitando una concesión minera ya no la podrán obtener; los que tengan título minero, pero no permisos ambientales, ya no tendrán forma de conseguirlos; como tampoco podrán hacerlo quienes tengan permisos y el plazo se venza. Frente a quienes tengan todos sus permisos en regla y capacidad para subsistir la larga temporalidad, se ordena hacer una estricta fiscalización en búsqueda de alguna causal de terminación del contrato o de un incumplimiento que lleve a sanciones hasta lograr la caducidad y el cierre definitivo de actividades, de forma tal que, en los territorios reservados, al estilo de Don Quijote de la Mancha en sus delirios, “no va a quedar títere con cabeza”.
Pero eso no es todo; quienes reciban una orden de cierre, no podrán irse tan fácilmente; además de cumplir con las obligaciones ambientales pendientes, deberán acatar las exigencias que le hagan para que el territorio quede apto para “el uso futuro” que disponga el Gobierno.
Con esta norma, el presidente Petro y su ministra pretenden dar cumplimiento a la promesa de campaña de revisar toda la titulación minera (ver Semana); sin embargo, en el afán de conseguir réditos frente al radicalismo ambiental que ellos mismos han construido y adoctrinado, la norma no les quedó bien.
Si el querer del Gobierno es revisar la titulación minera del país debería hacerlo de frente y no utilizando como excusa las banderas de la conservación ambiental, pretendiendo “hacerle conejo”, a los compromisos que el Estado ha adquirido con la firma de los contratos mineros y expropiar sin indemnización derechos que él mismo ha otorgado, desconociendo las premisas básicas del Estado Social de Derecho.
Como se advirtió, el decreto fue expedido con notorios vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad; fue firmado y promulgado saltándose las reglas del debido proceso, sin consulta previa y sin respetar los compromisos adquiridos en la estrecha instancia de participación ciudadana que se abrió; pero además, pasando por encima de los principios de coordinación y concurrencia que el Gobierno debe implementar con los departamentos y municipios para la toma de decisiones de ordenamiento minero ambiental en el territorio, y de la autonomía de las corporaciones autónomas regionales. Muy pronto olvidó este Gobierno su compromiso de tomar las decisiones de “ordenamiento del territorio a través del agua” de forma inclusiva y participativa como fue su compromiso en el plan de desarrollo.
El decreto reviste a la Ministra de Ambiente de “superpoderes” en materia minera desconociendo los límites competenciales esta cartera ministerial, permitiéndole reservar territorios sin sustento técnico que demuestre la necesidad y conveniencia de hacerlo, y sin evaluar los efectos que la decisión traerá, no solo para quienes se dedican a la actividad minera formal y para los mineros tradicionales que aspiran a legalizar sus actividades ancestrales, sino también para quienes desarrollan otras actividades económicas que hacen parte del encadenamiento productivo y se sirven de la minería, para la población en general y la economía nacional.
Es decir, por decreto se quiere imponer la filosofía del “decrecimiento” que profesa la exministra de minas Irene Vélez, sin que la mayoría del pueblo colombiano sepa lo que significa ni esté de acuerdo con ello.
Antes de declarar una nueva reserva temporal, la Ministra de Ambiente debe explicarle al país qué pasó con el ejercicio anterior iniciado en 2013 y aún en curso, en el cual se reservaron más de 10,6 millones de hectáreas para no expedir nuevos títulos mineros, zonas que han venido siendo liberadas año tras año hasta quedar reducidas a las áreas que recientemente esta misma ministra validó y decidió mantener reservadas hasta 2025, a través de las Resoluciones 630 y 1109 de 2023. Esta explicación es necesaria, por cuanto los territorios que ya surtieron ese tedioso y largo estado de parálisis, no pueden volver a ser sometidos a un nuevo y aún más perverso proceso de incertidumbre e indefinición.
Este decreto y la posible implementación que de él haga la Ministra de Ambiente, van a constituir además una burla a las órdenes que ha dado la Corte Constitucional y otros despachos judiciales en aplicación del precedente jurisprudencial, para hacer la delimitación participativa de los páramos; pues los acuerdos de concertación que se han logrado o que se logren suscribir para definir la línea de páramo y prohibir en ellos el desarrollo de la minería, pueden resultar desconocidos y vulnerados en ecosistemas como Santurbán, Almorzadero, Pisba o Sumapaz, por la decisión inconsulta, unilateral y caprichosa de la Ministra de declarar reservas temporales en zonas contiguas a ellos, en contra de tales acuerdos, sin estudios, sin información, sin convocatoria abierta al diálogo efectivo y significativo, y sin el consentimiento libre e informado de la población que conlleve a la construcción de un consenso razonado, es decir desconociendo los parámetros básicos en los que se sustenta hoy en día el derecho fundamental a la participación ciudadana en materia ambiental.
Paradójicamente, mientras el Gobierno se ocupa de hacer trizar el sector minero colombiano con la excusa de la conservación ambiental, crece exponencialmente la minería criminal y los alzados en armas acrecientan su dominio sobre los territorios de interés minero, frente a la mirada inerme de las fuerzas militares y de la población.
…
*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
Correo: glorialu.alvarez@gmail.com
LinkedIn: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
X antes Twitter: @GloriaA58898260
Facebook (fanpage): Gloria Lucía Álvarez
Instagram: glorialuciaalvarezpinzon
TikTok: @glorialu923
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
…
Excelente artículo. Habrá que mirarl a la luz del Acuerdo de Escazú, por el que tanto lucho la izquierda fanatica y radical.