Después de escuchar con atención las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la propuesta de una constituyente, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó que el hecho de que el Congreso no acoja los proyectos de reformas que propone el gobierno nacional, el país no tiene que atravesar una situación extraordinaria que motive un cambio constitucional.
“La Constitución de 1991 fue el producto de un gran acuerdo nacional que dispone de instrumentos para atender las reformas que un gobierno quiera implementar”.
En este sentido, el defensor agregó que la propuesta presentada por el presidente debe ser estudiada y analizada con sumo cuidado ya que la Constitución de 1991 prevé varios mecanismos que permiten superar aquellas dificultades que pueden ocurrir en el marco de las competencias del Ejecutivo.
“No podemos perder de vista que nuestro texto superior diseñó un esquema de pesos y contrapesos que prevé canales para superar cualquier dificultad que surja en el Estado», aseguró Camargo Assis.
Enfatizó el funcionario que “esa arquitectura de pesos y contrapesos” es una de las características de la democracia, la cual evita que alguna de las ramas asuma poderes exorbitantes.
“El diálogo y el ejercicio autónomo de las funciones de los poderes públicos son una realidad que debe ser reconocida y atendida por las autoridades públicas. Ese fue el querer del Constituyente de 1991”.
Permanencia diálogo
El defensor del Pueblo recalcó que las constituciones requieren de permanencia y ante todo de muchísimo diálogo; insistió en que los poderes públicos están para conversar y procurar las mejores salidas para los grandes problemas de la Nación.
«La colaboración armónica entre los poderes del Estado es un mandato constitucional cuyo fin, hoy más que nunca, debe ser el faro que guíe el ejercicio de las funciones estatales salvaguardando, insistimos, el trabajo independiente de cada una de las ramas del poder público».
El defensor señaló que el gobierno debería conversar con el Legislativo para plantear y lograr los consensos que sean necesarios sin entender que cualquier posición del Congreso tiene como fin último perseguir o frenar o afectar las reformas que el Ejecutivo propone.
Finalmente, el defensor dejó claro que es importante recordar cómo a gobiernos anteriores no se les aprobaron iniciativas en el Congreso de la República o cómo las altas cortes echaron para atrás normas expedidas por el Legislativo o desde la Casa de Nariño, sin que ello implicara la convocatoria a una constituyente.
«Situaciones que no deben ser malinterpretadas, sino entendidas como el ejercicio legítimo de potestades y competencias entregadas por la misma Constitución Política. Ninguna de las ramas del poder público carece de controles por parte de otras ramas del poder público», afirmó Camargo Assis.
APN Noticias
