- La mandataria municipal informó la presencia de grupos armados en la provincia que constituyen un riesgo de minería ilegal en el Páramo.
- El Decreto 044 afectaría a todos los mineros de Santander de Vetas, California y Suratá, y se aplicaría sin la participación de las comunidades y desconociendo los acuerdos de delimitación del Páramo.
Con profunda preocupación, la alcaldesa de Vetas (Santander), Angélica María García Rodríguez, realizó una enérgica defensa de la comunidad minera de la Provincia de Soto Norte y acusó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de liderar una persecución sistemática a la minería con la expedición del decreto 044 de 2024 el cual faculta al gobierno nacional a declarar y delimitar Zonas de Reserva Temporal sin criterios técnicos y desconociendo los acuerdos alcanzados en las mesas de delimitación del Páramo de Santurbán.
“Hoy le decimos a la señora ministra que la aplicación del Decreto 044 borra la vocación minera ancestral y tradicional de Vetas, California y Suratá, desconoce los acuerdos de las mesas de delimitación, aumentará el acoso de los grupos armados que ya están buscando hacer minería ilegal en nuestra Provincia, y nos convertirá en ilegales a todos los titulares, a los pequeños mineros y a los mineros en proceso de formalización”, indicó la alcaldesa de Vetas.
Con respeto, pero con contundencia, la mandataria municipal denunció una persecución sistemática del Estado contra los mineros de Soto Norte y suplicó a los congresistas y entes de control como la Procuraduría, frenar estas acciones. “Queremos pedirles a ustedes que cesen en la persecución que tienen los ministerios de Ambiente y el de Minas contra los mineros legales y los mineros que quieren formalizarse en estos municipios. Nosotros sentimos una persecución y una violencia estructurada de este Estado contra nosotros por tener una sola vocación, la vocación de mineros”, aseguró.
El malestar de la comunidad minera de la provincia de Soto Norte radica en que la puesta en vigencia del mencionado decreto convierte a los titulares mineros legales en ilegales, también afecta a aquellos que están buscando la formalización de la mano con los propietarios de títulos que tienen la posibilidad de brindar contratos de formalización o de operación.
“Ministra, no queremos ser más víctimas de esta violencia del Estado y le exigimos que cumpla los acuerdos de delimitación del Páramo. La Corte Constitucional ha dicho que las comunidades tenemos el derecho legítimo a participar en la toma de decisiones ambientales, pero este Decreto se burla de los acuerdos de Delimitación a los que se llegó con Vetas en 2021, y con California en 2023”, indicó la alcaldesa.
La intervención de la alcaldesa de Vetas se dio durante el debate de control político que adelantó la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre el Decreto 044 de 2024, el cual, según la alcaldesa y las asociaciones y empresas mineras, “se está burlando no solo de nuestro derecho constitucional a la participación, sino también del acuerdo de Escazú”.
Según lo expresaron congresistas, agremiaciones y expertos, el Decreto permite la declaración de zonas de reserva temporal sin criterios técnicos ni participación comunitaria, afectando a todos los que viven directa o indirectamente de la minería, impidiendo que se otorguen o prorroguen títulos mineros, concesiones, contratos de exploración o explotación, permisos y licencias ambientales. Esto afectaría a toda la minería en general.
García Rodríguez, en nombre también de los alcaldes de California, Danilo Valbuena, y de Suratá, Ecxon Pabón, le pidió al Ministerio de Ambiente informar cuáles zonas de reserva temporal se pretenden decretar en estos tres territorios santandereanos, y no hacerlo sin previa participación de toda la comunidad, pues la minería es el principal renglón económico de una zona con 400 años de arraigo minero.
Cabe destacar que, en medio de este fuerte pronunciamiento, la alcaldesa insistió en que una declaratoria de reserva temporal en Soto Norte agudiza el fuerte escenario que se tiene hoy en la región por contaminación de mercurio, así como las problemáticas sociales generadas por la persecución ambiental, al punto de generar un riesgo de minería ilegal en manos de grupos al margen de la ley.
“Nosotros entregamos cerca del 79% del área del municipio a la conservación del Páramo de Santurbán, pero hoy una declaratoria de reservas temporales nos dejaría sin la única posibilidad de sobrevivir en el 6% restante que tiene vocación minera. Solo pedimos que nos dejen hacer nuestra actividad minera legal”, concluyó la alcaldesa de Vetas.
