La Contraloría le pidió al gobierno nacional que, de manera urgente, ponga en marcha un plan de choque para garantizar el suministro de energía en el país durante los próximos meses.
En este sentido, dijo la entidad, es crucial que la administración Petro promueva un marco regulatorio transitorio, excepcional, que les permita a los proyectos de generación que se encuentran listos, conectarse al sistema ya que muchos de estos no han podido hacerlo porque les falta algún trámite, como la licencia, y para obtenerla es indispensable que se adelante oportunamente la consulta previa a las comunidades, actividad que sin el apoyo del gobierno es difícil que los particulares puedan adelantarla en términos razonables.
Por este motivo, la entidad de control considera que se requiere una articulación de las diversas entidades para poder sumar algunos megavatios a la oferta energética.
“Le hemos indicado al gobierno que esos proyectos de cargo por confiabilidad adjudicados en gobiernos anteriores, e incluso los que se han adjudicado recientemente, han tenido una siniestralidad por varias razones, porque no han podido terminar algunos trámites, licencias ambientales, consultas previas y una serie de mecanismos que han llevado a que esos proyectos, algunos de ellos casi listos, no se hayan podido vincular al sistema interconectado nacional”, precisó el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga.
En fecha reciente la empresa Celsia anunció que debido a todos los obstáculos que ha tenido en los trámites de licencias para poner en marcha los proyectos de energía eólica en La Guajira, puso en consideración suspenderlos y venderlos.
Energías limpias ayudarían
El funcionario dijo que los proyectos de energías limpias pueden sumar más de 2,400 o 3,000 megas que, aportados al sistema energético, hoy pudieran darle la tranquilidad al país de cero riesgos de apagón si llegaran a conectarse oportunamente, entendiendo, además, que es necesario establecer un mecanismo regulatorio justamente por las condiciones excepcionales que se tienen en la actualidad.
“Lo segundo es cómo podemos resolver desde la planeación el apalancamiento de nuevos proyectos, de nuevas inversiones públicas y privadas que permitan que el país no pierda la seguridad energética en los próximos 10 años”, agregó.
El vicecontralor indicó que Colombia tiene una demanda anual del 7 % de energía y que en los próximos cinco años se necesitaría el 35 % de toda la capacidad instalada que tiene el país. Así las cosas, si no se tienen nuevas fuentes de producción de energía y, además, el 80 % de los proyectos que se adjudicó por concepto de cargo por confiabilidad, que están dentro del enfoque de generación de energías limpias, terminan teniendo siniestralidad, el país estaría enfrentándose no solo al reto del fenómeno de El Niño durante este primer semestre de 2024, sino, también, estamos dejando la discusión más gruesa y más profunda para los próximos 5 y 10 años en torno a cómo el país se ha preparado para resolver los problema de seguridad energética a futuro”.
La entidad resaltó la necesidad de atender la crisis que pudiera avecinarse en un país donde el 65 % de la energía es producida por los embalses y recordó que desde el año pasado hizo un llamado para que se anticiparan las campañas, las decisiones y las normatividades transitorias ante el riesgo que pudiera tener el país a mediados del primer semestre de año 2024 en relación a la crisis y a los racionamientos, no solamente en el suministro de agua como ya se empezó a ver desde esta segunda semana de abril en Bogotá donde empezó el racionamiento de agua por 24 horas, sino también en el impacto que la disponibilidad del agua puede tener en el sector energético.
Analizar el impacto económico
El vicecontralor en funciones de contralor general hizo énfasis en los billonarios ingresos que le proporciona al país la exploración y explotación de hidrocarburos y el aporte de los recursos de las regalías al presupuesto de la Nación y consideró que debería llegarse a una matriz que tenga claridad sobre el impacto que tiene este tipo de decisiones en la regla fiscal de mediano plazo, para tomar con más seriedad y rigurosidad los conceptos de transición energética. “No se trata de eliminar unas fuentes que generan riqueza e ingresos para el país, sino que también hay que medir en cada uno de los sectores cómo debe hablarse de este tema”.
APN Noticias
