A través del Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Salud, en marcha por instrucción del presidente Gustavo Petro el pasado 9 de abril, el Gobierno Nacional garantizará la prestación de los servicios de salud a los 750.029 afiliados de la EPS SOS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud y que opera en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Quindío.
La Supersalud informó en un comunicado de prensa que ordenó la intervención forzosa para administrar la EPS SOS (Servicio Occidental de Salud) y efectuó la toma de posesión de sus bienes y negocios, debido al actual estado financiero de la entidad y con el fin de garantizar el derecho a la salud de sus afiliados.
“En el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia encontró un crecimiento mayor en los costos de salud frente a los ingresos operacionales, lo que permite entender que la EPS SOS no logra equilibrar su operación financiera, lo cual pone en riesgo la garantía de prestación de salud con oportunidad y calidad a sus afiliados”, señaló el superintendente Luis Carlos Leal Angarita.
La EPS se encontraba bajo el seguimiento de las medidas preventivas adoptadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud desde 2012. Desde 2015 viene incumpliendo los indicadores financieros de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversión de la reserva técnica.
Además, la Superintendencia constató un aumento en el número de reclamaciones en salud desde 2017, con una de las tasas más elevadas entre las EPS que operan en el sistema. En ese año la tasa fue de 163,73 por cada 10.000 afiliados y el año pasado, 2023, esta tasa había subido a 444,87.
El PMU de la Salud, ejecutado por el Gobierno, es un centro de monitoreo del sector, liderado por el Ministerio de Salud e integrado por la Superintendencia Nacional de Salud, los interventores, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, con participación de los usuarios de la salud.
Esta instancia dará apertura a los entes de control para que hagan veeduría y vigilancia de los recursos del sector y garanticen el goce efectivo de los derechos a la salud de la población colombiana.
