Hace poco menos de una semana, la Superintendencia de Salud emitió un acto administrativo que ordenaba la toma de posesión de la EPS Sanitas, una de las más grandes del país, con más de 5’700.000 afiliados.
La medida fue tomada atendiendo a razones de tipo financiero, pues, según Luis Carlos Leal Angarita, superintendente nacional de salud y funcionario que firmó el documento reseñado, la entidad venía teniendo problemas con el flujo de caja y retrasados los pagos a sus prestadores de servicio.
Además, dijo Leal Angarita, sustentando la intervención, que EPS Sanitas poseía un patrimonio negativo que superaba los $70.000 millones. No obstante, desde la Procuraduría, donde se le investiga por la presunta comisión de faltas disciplinarias catalogadas como gravísimas y el Grupo Keralty, afectados por la medida, han señalado que las motivaciones expuestas por el superintendente son falsas.
Esta semana se conoció que el exministro de Justicia y Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, y el abogado, William Iván Mejía Torres, presentaron ante el Consejo de Estado una demanda solicitando la nulidad de la resolución expedida por la Superintendencia de Salud y ordenó la intervención de EPS Sanitas.
“Estamos decididos a detener la intervención de la SuperSalud en Sanitas. He presentado una demanda ante el Consejo de Estado para frenar esta expropiación. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas para defender nuestra salud”, posteó Ruiz Orjuela, adjuntando capturas del escrito de la demanda.
Estamos decididos a detener la intervención de la SuperSalud en Sanitas.
He presentado una demanda ante el Consejo de Estado para frenar esta expropiación.
Es hora de pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas para defender nuestra salud.https://t.co/cthEUnGxHF pic.twitter.com/ntar8HZX6X
— Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) April 9, 2024
Finalmente, indicaron que con la demanda se pretende la suspensión de cualquier proceso administrativo encaminado a agravar la situación de EPS Sanitas por cuenta de las cargas impuestas por la toma de posesión.
“Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la autoridad demandada cesar cualquier actuación que se encuentre realizando en virtud del acto demandado y restablecer el estado de las cosas al momento previo de la expedición del acto administrativo que se demanda”, puntualiza el escrito presentado ente el Consejo de Estado.
APN Noticias
