La inseguridad que se vive en el país en la actualidad por cuenta del fortalecimiento de diferentes organizaciones multicrimen, es la causa principal de todas las violaciones a los derechos humanos, aseguró la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco.
La funcionaria explicó que al menos 10 departamentos se encuentran en una seria crisis de violencia, relacionada con la injerencia de esos grupos armados en negocios como minería ilegal, extorsión, tráfico de migrantes y trata de personas con fines sexuales, tan rentables para ellos que han desplazado al narcotráfico como su actividad ilícita principal y se han extendido hacia las ciudades capitales.
En ese sentido, la señora Cabello Blanco referenció los enormes rendimientos de más de 10 billones de pesos al año que está generando la minería ilegal a los grupos que la controlan, según la Unidad de Análisis Financiero (UIAF).
“Observamos con preocupación que los grupos al margen de la ley se están aprovechando de las negociaciones de paz total para fortalecerse logísticamente en armamento y ampliar su presencia en territorio”, afirmó la procuradora.
Campea el crimen
La jefe del Ministerio Público agregó que, a pesar de múltiples requerimientos hechos al gobierno nacional frente a la ausencia de una estrategia para el control territorial, persisten hechos lamentables como asesinatos de gobernantes, hurtos, secuestros y extorsiones; candidatos en pleno proceso electoral amenazados y líderes sociales asesinados.
Denunció que el aumento del reclutamiento infantil se agudizó en 23 subregiones del país, siendo Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Arauca, Chocó y Norte de Santander los más afectados y solo en 2023 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibió 196 niños de entre 13 y 17 años rescatados de grupos armados.
También dio cifras sobre las afectaciones por parte de estos grupos en ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla y Cali, donde entre 2020 y 2024 se destacan 245 hechos victimizantes (115 homicidios, 36 tentativas de homicidio, 31 amenazas, 14 casos de extorsión y 10 actos terroristas), según reporta el Mecanismo de Monitoreo de la JEP.
Daño ambiental
Con relación a los daños causados al medio ambiente, la procuradora explicó las graves consecuencia que representa esta crisis de seguridad por la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio y la deforestación acelerada.
“Hoy es claro que el Estado Mayor Central y otros grupos armados, hacen presencia y ejercen control en varias regiones de la amazonia, restringiendo la entrada de las diferentes instituciones de gobierno, realizando alianzas con fuentes de capital para expandir el negocio de la ganadería y de minería ilegal a través del desarrollo de vías ilegales”.
Finalmente, calificó la situación actual de inseguridad como un retroceso de décadas, con grave impacto en la garantía y materialización de los diferentes derechos de la población colombiana.
Inseguridad desata crisis de #DDHH en Colombia 🇨🇴, señala la Procuradora. Grupos ilegales se fortalecen y siembran terror en 10 departamentos.
Minería ilegal, extorsión y reclutamiento de niños son delitos que más azotan al país #EsNoticia https://t.co/a5KDj8SFym pic.twitter.com/Pl2qgwxjET
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 19, 2024
APN Noticias
