La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad estatal que prepara el país para calamidades naturales y reacciona a ellas, se encuentra sumida en una profunda crisis.
El escándalo de corrupción protagonizado por su exdirector, Olmedo López, y su número dos, Sneyder Pinilla, se vuelve cada día más macondiano.
El que encabeza la unidad desde marzo, Carlos Carrillo, advierte una y otra vez que “los bandidos”, como le gusta decirles, “dejaron la olla raspada”. “Nos quedamos sin plata. El fondo tiene que volver a llenarse”, afirmó esta semana.
Pero justamente cuando se llenó la olla de dinero, en 2023, Pinilla y López denuncian que terminó siendo manejada, por presión del gobierno, de forma corrupta.
Todo esto ocurre en un momento muy poco oportuno. Tras meses de sequía, las fuertes lluvias han empezado: 234 municipios en 13 departamentos ya han declarado la calamidad. Y se proyecta que entre agosto y septiembre empiece el fenómeno de La Niña, que traerá aún más precipitaciones.
“Este fenómeno de La Niña nos preocupa gravemente”, dijo Carrillo.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), hay un 70% de probabilidad de que, una vez empiece, este ciclo de La Niña se extienda hasta el primer trimestre de 2025.
La UNGRD ha anunciado que prevé más de 2.600 eventos climáticos, con pérdidas materiales estimadas en 20 billones de pesos (5.000 millones de dólares).
En concreto, proyecta 550.000 familias afectadas, 16.000 destruidas, 224.000 viviendas averiadas, más de 2 millones de hectáreas de cultivos dañadas y al menos 6 millones de animales afectados.
Carrillo se lamentó de que las personas más damnificadas serán las que menos dinero tienen, pues viven en lugares de riesgo. “El país no está preparado”, sentenció.
Justamente, la entidad trabaja en este momento para preparar a Colombia para lo que se viene. La situación económica está complicada.
“Se necesitarían cerca de 7 billones de pesos para la fase de preparación para la respuesta. La unidad en este momento no cuenta con esos recursos”, dijo Carrillo.
Además del escándalo de corrupción, el Gobierno recortó el presupuesto nacional en 20 billones de pesos (5.000 millones de dólares), y a la UNGRD le disminuyó el presupuesto en 44 mil millones.
“Tenemos recursos, pero por supuesto que quisiéramos tener más”, afirmó. Sin embargo, hizo hincapié en que, en caso de una calamidad “el ministerio de Hacienda tiene que garantizar los recursos” para la recuperación: “La ley es bastante clara”.
Será necesario que el ministerio lo haga si el país está inundado, pero será visto con sospecha cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está en el epicentro del escándalo de corrupción después de haber aprobado otras adiciones al presupuesto de la UNGRD en 2023.
De acuerdo con Carrillo, el anterior equipo de directores distribuyó irregularmente miles y miles de millones de pesos.
“Es difícil saber exactamente cuánto”, afirmó. Acto seguido, aclaró que la unidad ha podido recuperar parte de ese dinero: este jueves suspendió un fondo de 231.000 millones de pesos (unos 58 millones de dólares) que la administración de López y Pinilla había entregado al municipio de Uribia (La Guajira).
Según Carrillo, la plata era para un acueducto que “no existe”. Esto se suma a los giros por 322.000 millones de pesos (alrededor de 80 millones de dólares) que la entidad había logrado revocar para finales de mayo.
Carrillo contó ante los medios que el 90% del presupuesto para este año de la UNGRD quedó comprometido por la administración de los confesos corruptos, López y Pinilla, que renunciaron a principios de año.
Sumado a esa escasez, el nuevo director aseguró que los proyectos que se echaron a andar en la administración de López tienen unos muy bajos niveles de ejecución u otro tipo de cuestionamientos.
Ofreció como prueba el caso del boquete Caregato, en la región caribeña de La Mojana, que una y otra vez se rompe, y una y otra vez resulta en inundaciones en municipios de pocos recursos.
Justamente, Carrillo ha alegado que Olmedo López entregó 130.000 millones de pesos (cerca de 33 millones de dólares) para unas obras mal ejecutadas en Caregato: “Era ponerle una pared en un río”.
El pasado 6 de mayo, el dique colapsó de nuevo y el río Cauca inundó el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar). La Defensoría del Pueblo calculó que hubo unos 40.000 damnificados, entre ellos, ganaderos, arroceros, pescadores y campesinos.
Hasta ahora, el escándalo laberíntico en la UNGRD ha salpicado a más de 20 funcionarios. Algunos de los señalados son políticos cercanos al presidente Gustavo Petro, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, o el recién salido ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
López asegura que el jefe de Estado no está implicado. Petro dice lo mismo. Sin embargo, esta trama ha puesto en duda la integridad de su Gobierno. Y lo ha hecho tocando la entidad que debía gestionar los desastres naturales.
Justo cuando se proyecta que estas calamidades aumentarán debido al cambio climático, una de las grandes preocupaciones del presidente en sus discursos, la institución que debe estar preparada no tiene cómo enfrentar las tormentas.
