Por: Óscar Prada/ Infortunadamente, el descuartizamiento y presunto delito sexual en la humanidad de Sofía, una adolescente de 12 años; es el detonante para que los medios de comunicación difundan la adversa realidad de la niñez y adolescencia colombiana en números.
Son preocupantes los injustos registrados hacia niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA). De enero hasta abril 2024, se registraron por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, más de 19 mil casos de abuso sexual; al igual que 375 homicidios de enero hasta agosto del presente año. [1]
El rechazo en las redes sociales por parte del ejecutivo y el legislativo, hacia los crímenes contra los NNA; contrasta con el desinterés institucional en efectuar reformas de fondo, que disminuyan las pavorosas cifras expuestas.
Hoy se propone nuevamente la prisión perpetua revisable, como medida combativa de los crímenes en contra de los NNA. Perdiendo de vista que el acto legislativo que incorporaba dicha medida en la Constitución, fue expulsado de la misma en el año 2021; bajo el entendido que el Estado debe apostarle a la prevención efectiva de los delitos sufridos por los NNA, en lugar de aumentar las penas a sus agresores.[2]
De forma similar, se encuentra en el sonajero, la supresión de beneficios penales para los agresores de la vida, libertad y formación sexual de los NNA. No obstante, la ley 1098 de 2006, los eliminó de tajo hace casi dos décadas.
Como solución mágica, el legislador insiste en endurecer las penas; aun sabiendo que es la última medida a la que debería acudir. Lo anterior, es admitir tácitamente la ineficacia operativa de las instituciones estatales, en la prevención de los delitos en contra de los NNA.
Sin importar la repetición, fracaso o improcedencia jurídica de las fórmulas enunciadas; los influyentes del poder proponen lo que el común ignora y desea oír, con tal de disimular su actuar negligente sobre dicha realidad.
El endurecimiento de las sanciones penales, así como la supresión de sus beneficios; no tiene poder por sí mismo para disuadir con eficacia a los potenciales agresores de los NNA. Ojalá fuese todo lo contrario. Castigar no resuelve; en cambio, el evitar implica atacar el origen del problema.
¿Cómo pretende el poder público proteger los derechos de los NNA, si sus medidas se centran en castigar a los agresores en lugar de evitar los delitos? El castigo se aplica, cuando el daño está hecho.
Si con el mismo impulso que se repudian los ataques contra la vida e integridad sexual de los NNA, se emprendiesen acciones sociales e institucionales que apuntaran a eliminar de raíz dicha problemática; la situación sería distinta. Desde la inacción, le hemos fallado como sociedad, a muchos infantes y adolescentes como Sofía.
El cambio social debe ser profundo; la mayoría de los agresores contra la libertad y formación sexual de los NNA son parientes cercanos a ellos; quedando gran parte de los ilícitos impunes. Pecar por omisión, suprime a la víctima e incuba la repetición.
Ante problemas grandes, soluciones complejas. No existe una fórmula instantánea para que las agresiones hacia los NNA desaparezcan; no obstante, la educación tanto para las nuevas generaciones como para los adultos, es necesaria para cambiar el paradigma social, y romper así el círculo de repetición.
Empoderar a la infancia y a la adolescencia, dándole voz en temas censurados colectivamente como la sexualidad, y la protección a su vida e integridad física; deben sintonizarse con un actuar consciente, mancomunado y diligente de las instituciones y de la sociedad misma.
¡Nada!, podrá ajustarse para resarcir el daño cometido en contra de Sofía, y de su familia. El concepto de justicia, va más allá de aplicar o endurecer las penas establecidas en un código.
No cabe duda, que los crímenes atroces contra la niñez y la adolescencia necesitan ser castigados ejemplarmente; no obstante, debe priorizarse el evitar su consumación. Prevenir, es el postulado social que permitiría palpar una justicia más adecuada, para las nuevas generaciones.
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*Estudiante de Derecho
Contacto: 3017716507
X: @OscarPrada12
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] Colombia sigue siendo un país peligroso para los niños. Senado de la Republica.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C 294-2021
