La Procuraduría reiteró las alertas sobre el incumplimiento del Gobierno para alcanzar las metas de actualización del catastro multipropósito en el país y que, a la fecha, del 70 por ciento anunciado para el final del cuatrienio, apenas se acerca al 20 por ciento.
Este desalentador panorama lo evidenció el Ministerio Público luego de varias mesas de trabajo con funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- en las que se ha podido identificar no solo el bajo cumplimiento de los indicadores para el periodo gubernamental 2022 – 2026 sino también factores críticos que están afectando la implementación del catastro.
Los indicadores determinados para el 2024 no se podrán cumplir y esto se refleja en las pobres cifras respecto del avance de la operación, pues de las 29.7 millones de hectáreas proyectadas para cerrar el año, el IGAC anunció que solo entregará 7.5 millones, alcanzando escasamente un 25 % de la meta establecida para esta vigencia.
El Gobierno Nacional fijó en el Plan Nacional de Desarrollo -PND- el objetivo de implementar el catastro multipropósito en el 70 % del territorio colombiano, abarcando 80 millones de hectáreas, en 660 municipios para el final del cuatrienio, pero como van las cosas va a ser casi que imposible de realizar.
Una de las situaciones que más ha retrasado el inicio de operaciones catastrales en el país, es la falta de expedición de los decretos que permitan intervenir los territorios colectivos de pueblos étnicos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palanqueros, los cuales representan 15 millones de hectáreas del país, tema sobre el que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha llamado la atención para que se prioricen las acciones y se expidan los actos administrativos que permitan la gestión catastral en estos territorios.
Al anterior panorama se suma que para el 2025, de acuerdo con lo informado por el IGAC, las probabilidades de que se alcancen las proyecciones anunciadas se esfuman por la escasez de recursos, ya que el presupuesto para esa vigencia presenta una sub-asignación de 704 mil millones de pesos.
Recalcó el Ministerio Público que la actualización catastral, de la que adolece el país hace por lo menos dos décadas, se hace necesaria para potenciar las proyecciones de desarrollo y posibilita entre otros los beneficios, la seguridad jurídica, la formalización y legalización de predios, la consolidación de información de calidad, confiable y veraz para la toma de decisiones, y la construcción de políticas públicas y elaboración de los Planes de Desarrollo Territoriales (POT), esenciales para el desarrollo de la Nación.
