La Procuraduría General de la Nación solicitó a Colpensiones y a la Superintendencia Financiera, un informe sobre el estado en que se encuentran las diferentes áreas de atención a afiliados, pensionados y de quienes adelanten trámites para la obtención de su pensión.
A menos de ocho meses de que entre en vigencia la reforma pensional aprobada por el Congreso, (Ley 2381 de 2024), por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones, la Procuraduría sigue advirtiendo sobre la imposibilidad de Colpensiones para asumir los retos tecnológicos y operativos de esta implementación y sobre la necesidad de garantizar que el proceso de doble asesoría se realice de manera ágil y oportuna para los afiliados que están a la espera de la aprobación de su traslado de régimen pensional.
Como se ha manifestado en múltiples requerimientos, el término para la entrada en vigencia de la ley hace absolutamente imposible su puesta en curso, debido a que, Colpensiones no tiene las capacidades para asumir las nuevas funciones y el volumen de afiliados que recibirá.
El Ministerio Público requirió conocer en detalle el estado actual de los trámites administrativos y el manejo de los diversos recursos, en el marco del seguimiento preventivo que realiza a la entidad desde 2012 por orden de la Corte Constitucional.
Entre los requerimientos realizados se encuentran: número de Peticiones, Quejas y Reclamos- PQR; correcciones de historias laborales solicitadas entre enero y noviembre de este año, especificando cuantas se han respondido y cuantas están pendientes de respuesta dentro del término legal.
También solicitó informar sobre las razones por las que Colpensiones ha limitado o bloqueado la recepción de solicitudes relacionadas con historias laborales remitidas por las Administradores de Fondos de Pensiones -AFP-, y cuáles son los argumentos jurídicos que sustentan esta decisión cuando se trata de solicitudes de afiliados al sistema.
Además, este organismo de control requirió información sobre la activación de las estrategias digitales, automatización de datos y modernización tecnológica de los sistemas actuales, dentro del marco de la ejecución del plan de acción operativa y tecnológica.
De forma paralela, la Procuraduría le pidió a la Superintendencia Financiera un reporte sobre el seguimiento realizado a Colpensiones y las instrucciones impartidas con relación a estos temas.
