Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ En un contexto de expectativas sociales elevadas y complejidades económicas y políticas, el mandatario y su gabinete deben enfocarse en una serie de propósitos estratégicos que no solo impulsen el desarrollo sostenible, sino que también fomenten la equidad y el bienestar de la población.
¿Cuáles son estas metas esenciales y cuáles son las críticas sobre su desempeño hasta ahora? Hagamos un viaje corto sobre la idea que como autor de este capitulo llamo centrales y neurálgicas
1- Consolidar la paz total
La propuesta de consolidar la «Paz Total» del gobierno colombiano enfrenta importantes cuestionamientos debido a la falta de un horizonte claro que guíe las negociaciones. Aunque se han dado avances en los diálogos con el ELN, estos han resultado erráticos y carentes de resultados concretos, lo que refleja una evidente ausencia de metodología estructurada.
Este vacío estratégico genera que las conversaciones sean fluctuantes y dependan de coyunturas políticas más que de una planificación consistente, dejando a las comunidades afectadas por la violencia en un estado de incertidumbre.
Por otra parte, la desarticulación interna del ELN, con frentes autónomos que operan bajo dinámicas regionales propias, dificulta aún más el proceso. La comunicación entre el gobierno y estos grupos se corta en muchas regiones, debido a la falta de cohesión y representatividad del ELN en su totalidad. Esto, sumado al incremento de masacres y hechos violentos en varias zonas del país, pone de manifiesto que los esfuerzos por alcanzar la paz no logran impactar de manera efectiva en los territorios más afectados.
Sin una hoja de ruta clara, el concepto de «Paz Total» corre el riesgo de quedarse en el terreno de las intenciones, sin ofrecer soluciones concretas a las complejas realidades del conflicto armado en Colombia.
2- Combatir la desigualdad social
En Colombia, los funcionarios públicos frecuentemente caen en la trampa de priorizar la retórica sobre la acción concreta, perpetuando un ciclo de promesas incumplidas que genera desconfianza en la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos del gobierno actual por impulsar reformas tributarias y programas sociales, las declaraciones altisonantes de muchos funcionarios han evidenciado una desconexión con la realidad que viven los sectores más vulnerables. Esta falta de prudencia al comunicar logros y objetivos no solo exacerba el escepticismo público, sino que recuerda los errores de administraciones pasadas, donde la palabra no coincidía con los resultados, perpetuando una sensación de estancamiento y abandono.
El problema no radica únicamente en la intención de las políticas, sino en la incapacidad de medir adecuadamente su impacto y comunicarlo de manera responsable. Al minimizar o ignorar los efectos de problemas como la inflación, que sigue golpeando el poder adquisitivo de las familias, los funcionarios corren el riesgo de ser percibidos como indiferentes o desconectados.
Esto refuerza la narrativa de que el cambio es superficial, deslegitimando los esfuerzos gubernamentales y replicando las fallas estructurales que, históricamente, han impedido una transformación real para los más necesitados. Así, el discurso apresurado y la falta de autocrítica terminan socavando la confianza en el sistema, condenándolo a repetir los fracasos de sus predecesores.
3- Impulsar una transición energética justa
Aunque el desarrollo de energías renovables se ha convertido en una prioridad en las agendas gubernamentales, críticos advierten sobre la falta de claridad en la implementación de estas políticas y su impacto en las regiones cuya economía depende del petróleo y el carbón.
Estas áreas, que han sustentado históricamente su desarrollo en la explotación de recursos fósiles, enfrentan el desafío de adaptarse a un modelo económico más sostenible, pero los planes de transición no siempre contemplan alternativas viables para garantizar empleo y bienestar a las comunidades afectadas. La incertidumbre sobre los tiempos, recursos y estrategias genera preocupación sobre un posible aumento en las desigualdades regionales y sociales.
4- Fortalecer la economía y generar empleo digno
Aunque este gobierno ha impulsado programas de emprendimiento y logrado atraer inversión internacional en sectores estratégicos, la informalidad laboral sigue siendo un desafío significativo. A pesar de las iniciativas, gran parte de la población sigue dependiendo de empleos informales, lo que limita su acceso a beneficios sociales y a la estabilidad económica.
Esto refleja que las políticas públicas necesitan reforzarse para generar un impacto más amplio en el mercado laboral, mientras se fomenta un entorno más inclusivo para las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, la desconfianza de algunos empresarios nacionales ha generado un entorno de incertidumbre que afecta la dinámica económica del país. Este sector, en ocasiones, utiliza su influencia para manipular las percepciones sobre la política económica, buscando proteger sus intereses.
A pesar de los avances en la atracción de capital extranjero, esta tensión interna subraya la necesidad de fortalecer la confianza entre el gobierno y los actores empresariales nacionales, promoviendo un diálogo constructivo que beneficie a toda la población.
5- Garantizar una educación transformadora
a gratuidad en la educación superior representa un avance significativo para garantizar el acceso de los sectores más vulnerables a este nivel académico, contribuyendo a la equidad social y a la formación de capital humano calificado. Sin embargo, este esfuerzo ha sido objeto de críticas por la falta de inversión complementaria en infraestructura y calidad educativa, especialmente en las zonas rurales, donde las instituciones enfrentan carencias estructurales que limitan el impacto real de esta política.
A pesar de ser un paso importante, la gratuidad no resuelve los problemas de fondo, como la inequidad en los recursos destinados a las instituciones y la brecha tecnológica que separa a los estudiantes urbanos de los rurales.
Muchos críticos argumentan que las políticas implementadas han sido «pañitos de agua tibia», incapaces de abordar las raíces del problema educativo en Colombia. Ni en la educación básica ni en la superior se han establecido reformas claras y contundentes que transformen el sistema de manera integral.
Las acciones gubernamentales suelen centrarse en paliar problemas inmediatos, pero carecen de una visión de largo plazo que garantice mejoras sostenibles en la calidad, pertinencia y acceso universal. Así, el sistema educativo continúa siendo un reflejo de las desigualdades sociales, con cambios insuficientes que perpetúan la exclusión de los sectores más marginados.
6- Fortalecer las instituciones y combatir la corrupción
El gobierno ha promovido medidas de transparencia, pero algunos señalan que ciertos nombramientos en altos cargos han generado dudas sobre el compromiso real contra la corrupción.
7- Promover la inclusión y el respeto a la diversidad
A pesar de los esfuerzos por avanzar en la inclusión, críticos sostienen que las políticas públicas no han logrado un impacto significativo en las comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes continúan enfrentando profundas desigualdades socioeconómicas. Uno de los factores que contribuyen a esta percepción es la baja ejecución de los presupuestos asignados al Ministerio de Igualdad, un órgano clave en la promoción de estas políticas.
Según informes recientes, una parte considerable de los recursos destinados a proyectos de desarrollo y equidad para estas poblaciones no ha sido utilizada de manera efectiva, limitando el alcance de los programas diseñados para reducir las brechas históricas de discriminación y pobreza.
8- Garantizar el acceso universal a la salud
La reforma a la salud en Colombia ha generado un intenso debate debido a su intención de fortalecer el sistema público, enfrentando críticas sobre su efectividad para lograr una cobertura amplia y equitativa. En un contexto donde millones de colombianos han sufrido por años un acceso deficiente a servicios de salud, la urgencia de una reforma es indiscutible.
El sistema actual, aunque con logros significativos en cobertura nominal, presenta graves inequidades y barreras para quienes más lo necesitan. Por ello, se requiere una transformación que garantice un modelo inclusivo y sostenible, capaz de atender a las poblaciones vulnerables con calidad y oportunidad.
Sin embargo, las medidas propuestas no parecen estar alcanzando el impacto esperado para resolver las fallas estructurales del sistema. La falta de consenso entre los diferentes actores, así como las dudas sobre la continuidad de la participación de actores privados, han generado incertidumbre. Esto podría comprometer la calidad y eficiencia del servicio, en lugar de mejorarla.
Además, la implementación de cambios parece carecer de una hoja de ruta clara que permita alcanzar los objetivos planteados sin interrumpir la atención actual. La reforma, aunque necesaria, requiere ajustes profundos para ser verdaderamente eficaz en corregir las desigualdades y construir un sistema funcional para todos.
9- Reducir la pobreza multidimensional
Programas como el aumento de transferencias monetarias han sido bien recibidos, pero críticos apuntan que no se han acompañado de estrategias sostenibles para el desarrollo económico de las comunidades.
10- Fomentar la soberanía alimentaria
El impulso a la agricultura campesina ha sido promovido como una bandera del gobierno de Gustavo Petro, destacando su relevancia para la soberanía alimentaria y la economía rural. Sin embargo, los resultados tangibles de esta política siguen siendo inciertos. A pesar de los anuncios, muchos campesinos denuncian que la falta de recursos, insumos básicos y capacitación técnica adecuada limita gravemente la implementación de estas iniciativas. Además, los fondos asignados al sector agrícola son insuficientes para cubrir las necesidades de modernización e infraestructura que permitirían un impacto real y sostenible.
Estas deficiencias generan la percepción de que, hasta ahora, el enfoque del gobierno se ha quedado en el plano discursivo. Aunque los objetivos planteados son loables, carecen de estrategias claras y mecanismos efectivos para su ejecución.
Es crucial que Petro tome medidas concretas, como fortalecer las alianzas público-privadas, garantizar subsidios eficientes y diseñar programas de asistencia técnica adaptados a las necesidades de cada región. De lo contrario, las promesas quedarán en palabras vacías, alejando aún más a las comunidades campesinas de las oportunidades que necesitan para prosperar.
11- Impulsar la infraestructura y conectividad
En los últimos años, el gobierno colombiano ha anunciado ambiciosos proyectos de infraestructura destinados a fomentar el crecimiento económico y mejorar la conectividad regional. Entre estos se destacan planes para nuevas carreteras, puentes, sistemas de transporte masivo y redes ferroviarias.
Estas iniciativas prometen no solo dinamizar la economía local, sino también integrar territorios históricamente aislados, impulsando el comercio y mejorando las condiciones de vida de miles de colombianos. Sin embargo, pese a los anuncios, los avances concretos han sido mínimos, dejando a muchas comunidades esperando soluciones que no terminan de materializarse.
Las demoras en la ejecución de estos proyectos han generado un panorama de desconfianza y frustración en la ciudadanía. La falta de planificación efectiva, los problemas de financiación y la burocracia han obstaculizado el inicio y desarrollo de estas obras.
En regiones clave, como el Pacífico y el Caribe, las promesas de infraestructura han quedado en simples discursos, mientras las necesidades de conectividad persisten. Este estancamiento no solo afecta la economía nacional, sino que también perpetúa las desigualdades territoriales, haciendo que el progreso quede relegado a una promesa incumplida.
12- Defender los derechos humanos y la democracia
Si bien el gobierno se ha comprometido con una agenda progresista, críticos advierten que ciertos discursos polarizantes podrían debilitar la confianza en las instituciones democráticas.
Reflexiones para el futuro
El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una prueba de fuego para demostrar que sus propuestas no solo son ambiciosas, sino también viables y sostenibles. Cumplir con estos doce propósitos será esencial para mejorar la calidad de vida de los colombianos, pero también deberá sortear críticas y ajustar el rumbo donde sea necesario.
El diálogo abierto y la participación de la sociedad civil serán clave para lograr los cambios que el país necesita.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
