Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, ambos exaltos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, rindieron sus declaraciones en relación con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El expediente se centra en las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, quienes aceptaron su responsabilidad en el desvío de fondos públicos y señalaron a congresistas como beneficiarios de estos actos.
Los testimonios indican que $3.000 millones fueron destinados al senador Iván Name Vásquez y $1.000 millones al representante Andrés Calle Aguas para apoyar las reformas pensional y de salud, promovidas por el Ejecutivo.
La investigación también apunta a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), y Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones. Mientras que González negó tener conocimiento del esquema de corrupción, Ortiz está detenida y enfrenta cargos formales.
Declaraciones de Carlos Ramón González
En su testimonio, González aseguró que su rol en el Dapre era principalmente administrativo y distante de las actividades de la Ungrd. “Nunca interactué con Olmedo López para sacar adelante esos proyectos. Mi enfoque era la agenda presidencial”, afirmó.
González describió su relación con Name como protocolaria, limitándose a reuniones para discutir el avance de reformas legislativas; pese a estas explicaciones, la Fiscalía sostiene que González habría participado en la organización de sobornos a congresistas, señalamiento que él niega categóricamente.
La Corte insistió en la supervisión del Dapre sobre la Ungrd, especialmente en La Guajira, donde se detectaron sobrecostos en la compra de carrotanques de agua.
González atribuyó la falta de control a una estructura jerárquica que le impidió intervenir directamente en las operaciones de la entidad.
Testimonio de Sandra Ortiz
Ortiz, por su parte, adoptó una postura defensiva, al inicio de su declaración, intentó guardar silencio, argumentando que revelar información podría autoincriminarla. Sin embargo, la Corte desestimó su argumento y continuó el interrogatorio.
Sandra Ortiz reconoció su cercanía con Name y González, a quienes describió como antiguos colegas del Partido Verde; también admitió haber realizado gestiones para acercar al senador a las reformas del Gobierno, pero negó categóricamente haber facilitado sobornos.
Uno de los puntos más controvertidos fue su presunta participación en una reunión en el Hotel Tequendama, donde, según testigos, se habría entregado un soborno de $3.000 millones a Name.
Ante esta acusación, Ortiz optó por no responder. Sin embargo, reveló que había alertado sobre posibles irregularidades en la Ungrd durante su gestión, contradiciendo la versión de González.
Ortiz también expresó preocupación por su seguridad y la de su familia, aludiendo a amenazas derivadas de su implicación en el caso.
“Renuncié para proteger al presidente Petro, pero ahora temo por mi vida”, concluyó.
Este caso tiene implicaciones profundas para el gobierno Petro, especialmente en un año preelectoral donde la transparencia será un tema central. La Fiscalía y la Corte Suprema enfrentan el reto de esclarecer el nivel de participación de los acusados y determinar si otros altos funcionarios estuvieron involucrados.
Mientras tanto, Sandra Ortiz permanece detenida en la Estación de Carabineros de Bogotá, y Carlos Ramón González enfrenta cuestionamientos sobre su rol en la supervisión del Dapre.
Las decisiones judiciales que se tomen en este caso serán determinantes no solo para los implicados, sino también para la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en el país.
La Sala de Instrucción sigue trabajando para resolver la situación jurídica de los expresidentes del Congreso, quienes también han defendido su inocencia. Estas resoluciones podrían marcar un precedente en la gestión de uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno.