Este jueves, 10 de abril, en medio de una audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz, la JEP reveló las cifras críticas con relación al cumplimiento de las órdenes para garantizar la vida e integridad de quienes han dejado las armas, así como de víctimas del conflicto.
A esta diligencia, la jurisdicción citó a varias entidades del Estado y algunos ministerios del Gobierno para que expliquen qué acciones han implementado para garantizar la seguridad de quienes están en proceso de reincorporación y firmaron la paz en 2016.
Esta audiencia que fue instalada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, se adelantó debido a los problemas de seguridad que se viven en los territorios y los diferentes reportes sobre asesinatos de firmantes durante el primer trimestre de 2025.
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, se registró que 456 excombatientes de las Farc han sido víctimas de homicidio en 158 municipios del país, de los cuales el 98% eran firmantes de paz y 94% comparecientes ante la JEP.
A esta diligencia también asistieron firmantes del acuerdo de paz de diferentes zonas del país como Catatumbo, Meta y Caquetá.
Durante la audiencia la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, UIA, reveló que Cauca y Putumayo son algunos de los departamentos donde más casos de violencia contra firmantes se presentan. Además, la UIA explicó que las afectaciones contra los firmantes son permanentes y persistentes.