El Ministerio Público recomendó al Tribunal solicitar un reporte detallado de pagos y valores pendientes para asegurar transparencia en el manejo de los recursos.
En el contexto de una acción de cumplimiento sobre el pago de subsidios energéticos y de gas, la Procuraduría General de la Nación intervino en una audiencia pública convocada por el Tribunal de Cundinamarca para advertir sobre la gravedad de la situación financiera del sector.
El Ministerio Público enfatizó que la falta de recursos para cubrir los subsidios podría desencadenar una crisis financiera, comprometiendo la calidad de vida de los hogares más necesitados y la continuidad del servicio para millones de usuarios. Según cifras de la Contraloría y el Comité Intergremial, la deuda estatal con el sector energético llegó a $2,7 billones al cierre de 2024 y sigue creciendo en 2025.
Este déficit, desde la óptica de la entidad, amenaza con provocar incrementos tarifarios de hasta el 150% o incluso la suspensión del suministro, especialmente en los estratos más bajos y en zonas rurales, en donde los subsidios cubren entre el 15% y el 60% del costo de la factura.
En ese sentido, empresas comercializadoras han alertado que la deuda reconocida por el Gobierno ya supera los $1,9 billones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sector y la prestación continua del servicio. El debate sobre la responsabilidad del retraso en los pagos ha enfrentado a los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía, quienes se señalan mutuamente por la falta de apropiación presupuestal y problemas de liquidez estatal.
Mientras tanto, gremios y entes de control insisten en la urgencia de coordinar acciones y realizar los giros pendientes para evitar que la crisis se traslade a los usuarios mediante alzas tarifarias o cortes de servicio.
Para conjurar la crisis que se avecina, la Procuraduría recomendó al Tribunal exigir transparencia mediante un reporte detallado de pagos y valores pendientes, subrayando la importancia de actuar con rapidez y coordinación interinstitucional para proteger los derechos de los ciudadanos más vulnerables y la estabilidad del sistema energético.
APN Noticias
