Tras el anuncio de la Fiscalía sobre la próxima imputación de cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y exdirector nacional de inteligencia, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la comunidad indígena wayúu exigió su captura inmediata.
El abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y representante de la comunidad wayúu, acreditada como víctima formal en este proceso, hizo un llamado urgente al ente acusador para que solicite orden de captura y garantice así la comparecencia del exfuncionario a las audiencias de imputación y medida de aseguramiento.
“Él fue indudablemente la cabeza para el saqueo del erario público, la manipulación de decisiones al interior del Congreso y la eventual injerencia en otros procesos electorales”, señaló Bustos, aludiendo también a su relación con la exconsejera Sandra Ortiz.
El abogado pidió además que se amplíen los delitos imputados y se incluya el de concierto para delinquir, dado el papel clave que, según él, desempeñó González en esta red de corrupción articulada desde el gobierno nacional.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tiene previsto imputarle cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La decisión se sustenta en múltiples pruebas recolectadas por los agentes de policía judicial, entre ellas, rastreos bancarios, financieros y el análisis de comunicaciones telefónicas autorizados por la Corte Suprema.
En el marco del proceso, han sido clave las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, quienes han entregado evidencias que vinculan directamente a Carlos Ramón González con la distribución irregular de contratos millonarios.
Según la Fiscalía, López se reunió con González en septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño; en ese encuentro, el entonces director del DAPRE habría ordenado la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos para beneficiar a los congresistas Iván Name (60.000 millones) y Andrés Calle (10.000 millones). Transcripciones de audios en poder del ente acusador refuerzan la versión sobre estas instrucciones.
La imputación a González se sumará a otras ocho programadas para el próximo 27 de mayo, en las que se solicitarán medidas de aseguramiento contra varios exfuncionarios, incluido César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública. Este caso continúa revelando nuevas conexiones y agravando la magnitud del escándalo que sacude a las instituciones del Estado.
APN Noticias
