La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro antiguos integrantes del Bloque Magdalena Medio (BMM) de las extintas Farc-EP. Los halló responsables, en el marco del Caso 01, por los secuestros y otros crímenes cometidos durante las privaciones de la libertad en Santander y algunas zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.
Los imputados son: Erasmo Traslaviña Benavides, conocido en las extintas Farc-EP como ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, conocido como ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala Suárez, conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’; y Fabio Gil Forero, conocido como ‘Norbey Narváez’. Hoy los cuatro imputados están sometidos a la JEP y cumplen sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz. Solo Gil Forero había sido procesado por la justicia ordinaria.
Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra de toma de rehenes y crímenes cometidos contra las personas secuestradas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y violencia sexual, y desplazamiento forzado. También se les atribuyen crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes contra las personas secuestradas como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, violación y violencia sexual y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
Con base en decenas de secuestros individuales y colectivos documentados en la investigación, y que fueron representativos del accionar de la antigua guerrilla en esa región, la sala determinó que el Bloque Magdalena Medio privó de la libertad a sus víctimas siguiendo dos patrones: financiar su organización armada y ejercer control social y territorial.
Este bloque buscó controlar Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta y las vías de acceso a esas ciudades, así como las rutas que las conectan con Bogotá. Para cumplir con sus metas, este bloque contó con ocho frentes rurales (4º, 11, 12, 20, 23, 24, 33 y 46) y numerosas columnas y compañías móviles que se financiaron de los secuestros, las extorsiones y otras economías ilegales, como el tráfico de coca, la minería ilegal y el tráfico ilegal de la gasolina.
Así estas estructuras lograron presencia en diversas regiones: el Catatumbo en Norte de Santander, Santander, el sur de Cesar, el sur de Bolívar, el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio antioqueño y el occidente de Boyacá. Consolidaron un corredor estratégico, sobre la cordillera oriental, que se extendía desde la frontera con Venezuela, donde tenían paso y campamentos, hasta el centro del país. Allí se conectaban, al cruzar el río Magdalena, con el Bloque Caribe y el Bloque Noroccidental de las Farc-EP. Sin embargo, el Bloque Magdalena medio fue diezmado por distintos ejércitos de paramilitares, autodefensas y narcotraficantes.
La sala encontró que el antiguo secretariado ordenó dar un “buen trato» a los cautivos, pero en la práctica esta orden se redujo a mantenerlos con vida, mientras que su dignidad y bienestar quedaban a discreción de la guardia, sin mayor supervisión de los superiores. Asimismo, la sala encontró que la mayoría de las víctimas del Bloque Magdalena Medio que fueron secuestradas con fines extorsivos, no tenían dinero para pagar lo que pedía la antigua guerrilla por su liberación, lo que agravó el sufrimiento de las víctimas y de sus familias.
La Sala de Reconocimiento de Verdad destacó además el daño regional de las privaciones de la libertad contra candidatos y funcionarios con el fin de generar un “vacío de poder». Con iniciativas como la “Despedida a Samper», la antigua guerrilla buscó dar un golpe simbólico al gobierno privando de la libertad a decenas de personas que gobernaban o aspiraban a hacerlo. Como consecuencia, ese tipo de acciones afectó el curso normal de la democracia.
A corte de 15 de mayo de este año, 4.213 víctimas han sido acreditadas en el Caso 01 de la JEP, que investiga los secuestros cometidos por las Farc-EP. De ellas, 189 señalan al Bloque Magdalena Medio como presunto responsable de su secuestro y otros delitos en medio del cautiverio. De este grupo, 84 son víctimas directas, 96 son familiares y allegados de víctimas, y nueve son familiares de personas asesinadas o desaparecidas tras haber sido secuestradas. De las personas privadas de la libertad, 78 son hombres y 15 mujeres. En cuanto a los 96 familiares acreditados, 47 son hombres y 49 mujeres.
A nivel nacional, ya fueron imputados siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP como máximos responsables de la política de secuestro en todo el país. Entre ellos se encuentra Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’, quien además de haber sido el máximo jefe de las Farc-EP, fue coordinador del Bloque Magdalena Medio. También fue imputado Pastor Lisandro Alape Lascarro, quien comandó dicho bloque. Como parte del proceso, en junio de 2022, todos los exintegrantes del secretariado aceptaron en público su responsabilidad, y en este momento el Tribunal de Paz prepara su sentencia.
