La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en su último debate, la reforma a la justicia, impulsada por el gobierno nacional, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa tiene como meta principal descongestionar cárceles y despachos judiciales, mediante la ampliación de mecanismos de justicia restaurativa y la implementación de penas alternativas.
El proyecto obtuvo 96 votos a favor y ahora pasará a etapa de conciliación entre Senado y Cámara, antes de ser enviado a sanción presidencial. Según explicó la representante Ana Paola García (Partido de la U), ponente del proyecto, la reforma tiene tres propósitos centrales: “Emitir sentencias de manera temprana, reducir el congestionamiento judicial y asegurar la reparación integral y oportuna a las víctimas”.
García destacó que estas medidas permitirán disminuir los costos en la administración de justicia y evitar la prescripción de numerosos procesos. Entre los beneficios incluidos en la reforma, se contempla que quienes se acojan al principio de oportunidad en delitos cometidos en flagrancia recibirán una reducción del 50 % en su pena, mientras que, para delitos graves como terrorismo o extorsión, la rebaja será del 25 %.
Otro cambio relevante es la modificación del uso de pruebas anticipadas, que ahora podrán practicarse antes de la audiencia de juicio oral en casos donde exista riesgo de pérdida del material probatorio o cuando se trate de delitos graves, como acto sexual violento, esclavitud sexual o trata de personas.
Esta reforma ha sido objeto de debate y polémicas ya que varios sectores consideran que algunos beneficios podrían ser excesivos, mientras que el gobierno insiste en que las medidas son necesarias para modernizar un sistema judicial desbordado y garantizar justicia efectiva.
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