Se suspendió de manera provisional la ordenanza mediante la cual se imponía la tasa especial para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, la cual se planteaba sería incluida en el recibo de cobro del servicio de energía eléctrica en Santander.
El pasado seis de mayo, hace poco más de un mes, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció en rueda de prensa que ya estaba firmado el decreto para la Tasa de Seguridad Multidimensional y Convivencia Ciudadana, recordando que los estratos 1, 2 y 3 no irían a pagar y habría topes para los demás estratos y el sector comercial.
“Una tasa que nos va a permitir invertir en tecnología, en movilidad y en convivencia. Ya el decreto está firmado y vamos a iniciar una campaña para informarle a la opinión pública, para que no haya desinformaciones”, informó ese día el gobernador Díaz Mateus.
La información del gobernador no era gratuita, puesto que 12 días antes, el 25 de abril, la Asamblea de Santander había aprobado la “Tasa especial para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana”, correspondiente al proyecto de ordenanza 019 de 2025. La aprobación del proyecto se dio al cierre de la plenaria, tras cumplirse un debate abierto y participativo, según informó la misma Gobernación de Santander ese día de abril.
Decía además que la “Tasa especial para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana”, es un mecanismo de financiación en “Acción Unificada” con los santandereanos, autorizado por la Ley 1421 de 2010 y la Ley 2272 de 2022, que le permitiría al Gobierno Departamental recaudar recursos propios.
Para esa fecha la secretaria de Hacienda, Diana María Durán Villar, informaba que “los suscriptores del servicio público de energía eléctrica en Santander de los estratos 4, 5 y 6 y de los sectores industrial, comercial y oficial realizarán un aporte económico mensual, de acuerdo con su consumo. Teniendo en cuenta dicho consumo, cada mes se liquidará el valor de la tasa especial sin superar los límites máximos establecidos en la ordenanza aprobada. Este aporte económico se recaudará simultáneamente con el recibo de la luz”.
La aprobación en la Asamblea Departamental, la explicación de la Secretaria de Hacienda y la información del gobernador de Santander del Decreto firmado no dejaban dudas, la “Tasa especial para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana” se comenzaría a cobrar, aunque algunos sectores señalaron que el usuario podría abstenerse de pagarla, no era arbitrario. No obstante, se informó que se incluiría en el recibo que entregaría la ESSA para el cobro del servicio de energía eléctrica en un ítem explicativo.
Algunos entendidos señalaron que esta tasa de seguridad ya la pagaban los ciudadanos, algunos municipios manifestaron que ya hacían ese cobro desde mucho antes. Pese a todo quedó establecida la Tasa y se empezaría a cobrar en próximas semanas.
Sin embargo, ahora se conoce la decisión del Tribunal Administrativo de Santander en donde en un Auto resuelve la medida de suspensión provisional del acto administrativo con el expediente en referencia a la Tasa.
Señala esa decisión que la medida del cobro de la Tasa fue demandada por el congresista Cristian Danilo Avendaño Fino, el diputado Danovis Lozano, y los concejales de Bucaramanga, Carlos Felipe Parra Rojas y Camilo Andrés Machado Ardila.
Los demandados en esta circunstancia, informa el Tribunal, fueron el Departamento de Santander y la Asamblea Departamental de Santander.
El resuelve del Tribunal se sintetiza en un párrafo que a letra dice: “Decretar la suspensión provisional de la Ordenanza Número 15 del 29 de abril de 2025: Por medio de la cual se impone la tasa especial para el fortalecimiento de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana: y se modifica el Estatuto Tributario del Departamento de Santander – Ordenanza Departamental Número 077 de 2014, proferida por la Asamblea Departamental de Santander”.
