La investigación fue iniciada por la delegada para la Economía y la Hacienda Pública, luego de una denuncia de un medio de comunicación, que alertó sobre una posible omisión de los funcionarios para evitar que la deuda prescribiera sin ser cobrada.
En un comunicado, la Procuraduría expone: “Desde agosto de 2024, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) había emitido alertas sobre el riesgo de prescripción sin que se adoptaran medidas efectivas por parte de la DIAN. Esta aparente omisión podría constituir un detrimento patrimonial para el Estado, al no haberse emitido el mandamiento de pago correspondiente para interrumpir la prescripción de la obligación tributaria”.
Así las cosas, el Ministerio Público ordenó la práctica de diferentes pruebas, orientadas a identificar a los posibles responsables y esclarecer los hechos.
El ente de control enfatizó que esta actuación se enmarca en el deber constitucional de proteger el patrimonio y garantizar la transparencia pública.
