Ni siquiera los que cargaban neveras, colchones y lavadoras sobre sus espaldas, con el agua marrón del río Táchira hasta el cuello, fueron indiferentes al himno colombiano. En agosto de 2015, mientras miles de colombianos cruzaban apresuradamente la frontera expulsados por el régimen de Nicolás Maduro, un agente entonó “¡Oh gloria inmarcesible!”, y la letra se convirtió en consuelo y resistencia.
Diez años después, esa escena sigue siendo símbolo de una crisis migratoria que no ha cesado, y que ha transformado la frontera colombo-venezolana en una herida abierta que sangra por ambos lados.
Durante décadas, Venezuela fue tierra de acogida. En los años 70, la bonanza petrolera convirtió al país en destino de miles de colombianos que huían de la pobreza o del conflicto armado. La llamada “Venezuela Saudita” ofrecía trabajo, estabilidad y comida abundante. Pero esa narrativa se quebró en 2015, cuando el gobierno venezolano lanzó las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), una ofensiva militar que, bajo el pretexto de combatir el paramilitarismo, derivó en la expulsión masiva de colombianos.
Más de 22.000 personas fueron deportadas o forzadas a huir en cuestión de días. Muchos ya habían sido desplazados internos en Colombia, víctimas de guerrillas, paramilitares o el Estado. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha documentado que la mayoría de los expulsados habían sufrido previamente algún tipo de violencia o desarraigo.
Las cifras del éxodo
Desde 2015, el flujo migratorio se ha invertido. Colombia, que antes exportaba refugiados, se convirtió en el principal país de acogida de venezolanos. Según Migración Colombia, cerca de tres millones de venezolanos han llegado en los últimos años, a los que se suman cientos de miles de colombianos retornados. En total, más de 3.5 millones de personas han cruzado la frontera en busca de refugio, trabajo o reunificación familiar.
La frontera de más de 2.200 kilómetros entre ambos países es hoy una de las más convulsionadas del continente, solo superada por la de México y Estados Unidos. En ella convergen redes de trata, narcotráfico, desapariciones forzadas y contrabando. La zona se ha convertido en un “agujero entre dos países”, donde la institucionalidad se diluye y la vida humana pierde valor.
El éxodo tiene múltiples causas, entrelazadas en una madeja de crisis políticas, económicas y sociales:
Colapso económico venezolano: La hiperinflación, el desabastecimiento y la pérdida de poder adquisitivo han empujado a millones a buscar alternativas fuera del país.
Represión estatal: Las OLP y otras operaciones militares han generado miedo y persecución, especialmente contra colombianos residentes en Venezuela.
Desconfianza mutua: El discurso oficial venezolano ha acusado a los colombianos de ser paramilitares, contrabandistas o infiltrados, alimentando la xenofobia.
Acuerdo de paz en Colombia: La firma del acuerdo con las FARC en 2016 permitió una relativa estabilización en algunas regiones, lo que facilitó la recepción de migrantes.
Consecuencias sociales y políticas
La crisis migratoria ha tenido efectos profundos en ambos países:
En Colombia:
Presión sobre servicios públicos: Salud, educación y vivienda han enfrentado una demanda sin precedentes, especialmente en ciudades fronterizas como Cúcuta, Maicao y Arauca.
Xenofobia y estigmatización: Aunque Colombia ha adoptado medidas de regularización, como el Estatuto Temporal de Protección, persisten discursos que vinculan a los migrantes con inseguridad o desempleo.
Transformación cultural: La presencia venezolana ha enriquecido la vida urbana, pero también ha generado tensiones en barrios populares.
En Venezuela:
Desintegración comunitaria: La expulsión de colombianos rompió lazos de solidaridad construidos durante décadas en barrios de invasión y zonas rurales.
Pérdida de capital humano: Muchos de los expulsados eran trabajadores, comerciantes o líderes comunitarios que contribuían a la economía local.
Aislamiento internacional: La crisis migratoria ha sido uno de los factores que ha deteriorado la imagen del régimen de Maduro ante organismos multilaterales.
Lo que han dicho los gobiernos
El gobierno colombiano ha mantenido una postura de apertura, aunque con matices. Juan Manuel Santos, entonces presidente, condenó la deportación masiva de 2015 como una violación de derechos humanos. Iván Duque, su sucesor, endureció el discurso contra Maduro, calificando su régimen como una “dictadura”. Gustavo Petro, en cambio, ha buscado restablecer relaciones diplomáticas y comerciales, aunque sin dejar de reconocer la gravedad de la crisis humanitaria.
Por su parte, el gobierno venezolano ha sostenido que las expulsiones fueron necesarias para combatir el paramilitarismo y el contrabando. Maduro ha acusado a Colombia de ser cómplice de conspiraciones internacionales, y ha minimizado el impacto de la migración, pese a los informes de organismos como ACNUR y Human Rights Watch.
Testimonios revelan el drama humano detrás de las cifras. Ana Teresa Castillo, líder comunitaria colombiana, fue desplazada cinco veces antes de afincarse en Venezuela en 2006. Allí compró una casa que luego le tumbaron. “La gente me trató muy bien, pero la deportación fue muy dura. A las mujeres les decían que eran prostitutas, a los hombres que eran paramilitares”, recuerda.
Otro caso es el de Aleixis Luna Aguilar, desaparecido en la frontera mientras vendía luces navideñas puerta a puerta. Su familia ha recorrido morgues, hospitales y emisoras sin encontrar rastro. “Aquí en la frontera la gente desaparece tan fácil como cuando un mago mete la paloma en un sombrero”, dice su hermano Donal.
El escenario que se acerca
La frontera colombo-venezolana seguirá siendo un espacio de tensión, pero también de oportunidad. Algunos escenarios posibles:
Mayor cooperación bilateral: Si se consolidan los canales diplomáticos, podrían establecerse mecanismos conjuntos de protección, regularización y desarrollo fronterizo.
Reactivación económica: La reapertura comercial podría dinamizar las economías locales, aunque requiere inversión en infraestructura y seguridad.
Justicia transicional: El reconocimiento de los derechos de los deportados y desaparecidos podría abrir camino a procesos de reparación y memoria.
Educación y cultura: La integración de migrantes en sistemas educativos y proyectos culturales puede fortalecer el tejido social y combatir la xenofobia.
Diez años después, el éxodo forzado que redefinió la frontera colombo-venezolana no ha terminado. La migración sigue siendo una respuesta a la desesperanza, pero también una expresión de resiliencia. Las imágenes de 2015, con familias cruzando el río Táchira entre lágrimas y cantos, nos recuerdan que detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada frontera, una posibilidad de encuentro.
La frontera no es solo una línea geográfica: es un espejo de nuestras contradicciones, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Y mientras haya personas que carguen sus vidas sobre los hombros, buscando dignidad al otro lado, el periodismo tendrá la tarea de contar, denunciar y acompañar.
