El hallazgo de tres mujeres asesinadas en la ciudad de Rosario, no solo estremeció al país por la brutalidad del crimen, sino que encendió las alarmas sobre una trama más profunda y persistente: el vínculo entre el narcotráfico y la violencia de género. El caso, que involucra a redes criminales, omisiones estatales y una cultura de silenciamiento, revela cómo las economías ilegales no solo trafican drogas, sino también cuerpos, miedos y vidas.
El 23 de septiembre de 2025, los cuerpos de tres mujeres fueron encontrados en una vivienda del barrio Ludueña, una zona históricamente golpeada por la pobreza y la presencia de bandas narco. Las víctimas —dos hermanas y una amiga— presentaban signos de tortura y ejecución. Según fuentes judiciales, el crimen estaría vinculado a una disputa entre facciones del narcotráfico local, en la que las mujeres habrían sido utilizadas como “mensaje” o “castigo”.
La policía tardó más de 24 horas en ingresar al domicilio, pese a las denuncias de vecinos que alertaban sobre disparos y gritos. Cuando finalmente lo hicieron, encontraron una escena que hablaba de impunidad y ensañamiento. Las víctimas no tenían antecedentes penales, pero sí vínculos afectivos con hombres relacionados con el narcomenudeo. ¿Fueron asesinadas por lo que sabían, por lo que representaban, o simplemente por estar cerca?
Este triple femicidio no es un hecho aislado. En Rosario, como en muchas ciudades latinoamericanas, el narcotráfico ha tejido una red de poder que se alimenta de la desigualdad, la precariedad y el machismo. Las mujeres, en este entramado, ocupan roles subordinados: son “novias de”, “mulas”, “rehenes emocionales”, o directamente “descartables”.
Según el Observatorio de Violencias de Género de Argentina, en los últimos cinco años se ha registrado un aumento de femicidios vinculados a economías ilegales. En muchos casos, las víctimas habían denunciado amenazas, abusos o coerción por parte de miembros de bandas narco. Sin embargo, el sistema judicial suele mirar hacia otro lado, atrapado entre el miedo, la corrupción y la falta de perspectiva de género.
El narcotráfico no solo reproduce la lógica patriarcal: la exacerba. Controla territorios, cuerpos y narrativas. Las mujeres que intentan romper con ese círculo —ya sea denunciando, escapando o simplemente desobedeciendo— se convierten en blanco. El silencio se impone como norma, y la violencia como castigo.
El Estado: ausente, lento o cómplice
En el caso de Rosario, las familias de las víctimas aseguran que hubo denuncias previas por amenazas y violencia. Una de las hermanas había acudido a una comisaría semanas antes, pero no recibió protección. “Nos dijeron que no podían hacer nada porque no había pruebas suficientes”, relató una tía en una entrevista radial. La historia se repite: cuando las mujeres denuncian, el Estado duda; cuando son asesinadas, el Estado llega tarde.
La respuesta institucional fue tibia. El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado genérico, prometiendo “investigar hasta las últimas consecuencias”. Ninguna autoridad nacional se pronunció con fuerza. Mientras tanto, en los barrios, el miedo se multiplica. Las organizaciones feministas denuncian que el Estado no solo falla en prevenir, sino que muchas veces legitima la violencia al no reconocer sus raíces estructurales.
La cobertura mediática tampoco estuvo a la altura. Algunos titulares hablaron de “ajuste de cuentas” o “crimen pasional”, invisibilizando el componente de género y reduciendo el hecho a una disputa entre delincuentes. Esta narrativa, además de revictimizar, perpetúa la idea de que las mujeres asesinadas “algo habrán hecho”.
Frente al silencio oficial y la banalización mediática, emergen voces que no se resignan. Colectivos feministas como “Ni Una Menos Rosario” y “Mujeres de la Villa” organizaron marchas, intervenciones artísticas y campañas en redes sociales para exigir justicia. “No fueron tres muertes, fueron tres femicidios narco. Y el Estado es responsable”, se lee en uno de los carteles que recorrió las calles.
Las familias de las víctimas también se han convertido en referentes de lucha. Pese al dolor, han decidido hablar, denunciar y exigir. “Mi hermana no era una delincuente. Era una mujer que quería salir adelante, pero el barrio, el sistema y el miedo no la dejaron”, dijo uno de los hermanos en una entrevista televisiva.
Estas voces no solo buscan justicia para las víctimas, sino también transformar el sistema. Exigen políticas públicas que combinen seguridad, inclusión y enfoque de género. Piden que las mujeres en contextos de violencia narco tengan protección real, acceso a redes de apoyo y alternativas económicas. En definitiva, reclaman que el Estado deje de mirar para otro lado.
¿Cómo enfrentar esta doble violencia?
El triple femicidio de Rosario obliga a repensar las estrategias contra el narcotráfico y la violencia de género. No basta con operativos policiales o campañas de concientización aisladas. Se necesita una política integral que reconozca que el narcotráfico no es solo un problema de seguridad, sino también de género, clase y territorio.
Algunas propuestas que han surgido desde el movimiento feminista incluyen:
- Crear refugios específicos para mujeres amenazadas por bandas narco.
- Capacitar a fuerzas de seguridad y operadores judiciales en perspectiva de género y violencia estructural.
- Implementar programas de salida económica para mujeres en contextos de criminalidad.
- Fortalecer las redes comunitarias de cuidado y denuncia.
Estas medidas, aunque urgentes, requieren voluntad política, presupuesto y compromiso. No se trata solo de evitar nuevos femicidios, sino de desmontar una estructura que convierte a las mujeres en moneda de cambio, en botín de guerra, en mensaje mafioso.
El triple femicidio en Rosario no fue solo un crimen. Fue una advertencia, una radiografía de un sistema que permite que las mujeres sean asesinadas por estar cerca del poder narco, por querer escapar, por existir. Fue también una oportunidad —dolorosa, brutal— para mirar de frente una realidad que muchos prefieren ignorar.
