La Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-378 de 2025, en la que ordena a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) flexibilizar los requisitos para que niños, niñas y adolescentes accedan a la pensión de sobrevivientes.
Esta decisión busca eliminar barreras burocráticas que impiden el acceso oportuno a este derecho, especialmente en casos donde los menores han perdido a sus padres o no cuentan con su custodia.
El fallo se originó tras el caso de un adolescente huérfano cuya abuela solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. La AFP negó el trámite por falta de documentos judiciales que acreditaran legalmente la custodia, como una sentencia de juez de familia o un registro civil con nota marginal. La Corte consideró que estas exigencias eran desproporcionadas y contrarias al principio del interés superior del menor.
A partir de esta sentencia, las AFP deberán aplicar un enfoque más humanizado y garantista. Bastará con demostrar cuatro condiciones básicas: que los padres han fallecido o no ejercen la patria potestad; que el menor está al cuidado de un familiar hasta cuarto grado de consanguinidad; que ese familiar realiza actos concretos de cuidado; y que existe un riesgo para los derechos del menor.
La Corte también reconoció como válidas otras pruebas de custodia, como medidas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o decisiones administrativas que confirmen el cuidado efectivo. Las entidades pensionales deberán revisar sus protocolos internos y tiempos de respuesta, evitando que la burocracia retrase el acceso a recursos vitales para la subsistencia de los menores.
Según estimaciones de la Superintendencia Financiera, más de 12.000 menores podrían beneficiarse de esta decisión, muchos de ellos bajo el cuidado de abuelos, tíos o hermanos mayores que no cuentan con reconocimiento legal formal. La sentencia representa un avance estructural en la protección social de la infancia, al exigir mayor articulación entre las AFP, el Ministerio del Trabajo y el ICBF.
Con esta medida, la Corte reafirma que el acceso a la pensión de sobrevivientes debe ser un ejercicio de justicia social, no un trámite documental. Se espera que esta decisión impulse reformas normativas que armonicen el sistema pensional con la política de infancia y adolescencia.
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