La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este jueves la imputación de tres generales retirados y otros 27 militares del Ejército colombiano por su presunta responsabilidad en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas ocurridas en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.
Entre los altos mandos señalados se encuentran los brigadieres generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los oficiales habrían incumplido sus deberes constitucionales al permitir que sus subordinados cometieran graves violaciones de derechos humanos.
La investigación reveló estrechas relaciones entre integrantes del Ejército y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que facilitó la consolidación del paramilitarismo en la región. Los militares implicados pertenecían al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), la Séptima Brigada y el Gaula Rural Meta (GAMET), unidades que debían combatir el secuestro y la extorsión.
La JEP escuchó testimonios de excomandantes paramilitares como Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, y Luis Arango, alias Chatarro, quienes confirmaron la colaboración entre militares y grupos ilegales. En el marco del Caso 03, que investiga los llamados “falsos positivos”, se determinó que los generales fueron imputados como autores por omisión impropia, mientras que los demás militares fueron señalados como coautores dentro de un acuerdo criminal.
Los “falsos positivos” constituyen uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano: jóvenes inocentes fueron asesinados y presentados como bajas en combate para inflar resultados militares y obtener beneficios como ascensos o premios. La JEP ha contabilizado 6.402 víctimas de estos hechos, cometidos principalmente entre 2002 y 2010, durante la presidencia de Álvaro Uribe.
El presidente de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Óscar Parra, enfatizó que los oficiales “omitieron sus deberes constitucionales y funcionales” pese a contar con medios para prevenir los crímenes. La imputación marca un paso decisivo en el proceso de justicia transicional, que busca esclarecer responsabilidades y garantizar reparación a las víctimas.
Con esta decisión, la JEP reafirma su compromiso de investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, incluso por altos mandos militares, enviando un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada.
