El funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmer Mejía, conocido como “Chulo”, aparece mencionado en archivos y chats incautados a las disidencias de alias Calarcá. Las revelaciones han desatado investigaciones oficiales y cuestionamientos sobre posibles infiltraciones en las instituciones de seguridad del Estado.
La política de seguridad en Colombia enfrenta un nuevo escándalo tras la revelación de documentos y chats incautados a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Calarcá. En ellos aparece mencionado Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), identificado con el alias de “Chulo”. Las evidencias sugieren posibles nexos entre integrantes del Estado y estructuras armadas ilegales, lo que ha generado alarma en el Gobierno y en la opinión pública.
El caso salió a la luz gracias a una investigación de Noticias Caracol, que accedió a memorias USB, discos duros y computadores incautados en un retén militar en Anorí, Antioquia, en julio de 2024. En esos dispositivos se encontraron correos electrónicos y conversaciones de chat que mencionan a Mejía y a un general del Ejército, Juan Miguel Huertas, como supuestos puentes de comunicación con las disidencias.
Los documentos describen reuniones, planes para crear empresas fachada de seguridad privada y posibles filtraciones de información sensible sobre operaciones militares.
¿Quién es “Chulo”?
Wilmer Mejía ingresó a la DNI en 2023 durante la administración de Alberto Casanova. Su trayectoria incluye liderazgo estudiantil en la Universidad de Antioquia y formación en Educación Física, aunque posteriormente se vinculó al área de inteligencia. Tras la renuncia del coronel Edwin Chavarro, ascendió a director de Inteligencia.
El director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, defendió inicialmente a su funcionario: “Él lo niega, exactamente. Y además yo también presumo su inocencia”. Lemus aseguró que no existen registros oficiales de misiones que lo vinculen con las acusaciones, especialmente viajes a Venezuela para reunirse con cabecillas como Richard, André, Mechas y Calarcá.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación rigurosa: “La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia”.
Por su parte, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Mejía y el general Huertas, señalados de haber ofrecido garantías a las disidencias para montar negocios de seguridad privada.
La controversia se agravó al conocerse que la Fiscalía tenía en su poder estos archivos desde hacía más de un año, sin que se hubieran tomado medidas. El director de la DNI expresó su sorpresa: “No sabíamos que la Fiscalía tenía esta información. Nosotros tuvimos conocimiento al mismo tiempo que el país”.
Este hecho ha generado críticas sobre la falta de acción de la Fiscalía y la posible omisión en un caso que compromete la seguridad nacional.
El trasfondo político
Las menciones a Mejía se suman a otras revelaciones de los archivos de Calarcá, que incluyen referencias a supuestos acercamientos con figuras políticas y a intentos de infiltración en instituciones estatales. La situación ha encendido las alarmas sobre la capacidad de las disidencias para penetrar estructuras oficiales y utilizar contactos para obtener beneficios.
Aunque Mejía ha negado cualquier relación, el escándalo pone en entredicho la transparencia de la DNI y la confianza en los organismos de inteligencia.
El caso de “Chulo” refleja la complejidad del conflicto colombiano y la fragilidad de las instituciones frente a intentos de infiltración de grupos armados ilegales. Las investigaciones en curso deberán esclarecer si Wilmer Mejía actuó como enlace con las disidencias o si su nombre fue utilizado sin fundamento.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que no tolerará actos de corrupción ni traición a la patria. Como lo expresó el ministro de Defensa: “La transparencia y la legitimidad son pilares no negociables, pues de ellos depende la seguridad y la defensa del pueblo colombiano”.
