Condena al ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, luego de que el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución que persistía.
El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, a 28 años y tres meses de prisión, revocando la absolución que había recibido en primera instancia. La decisión lo responsabiliza por homicidio agravado, concierto para delinquir y crímenes de lesa humanidad, en el marco del caso del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.
El fallo del Tribunal Superior de Antioquia marca un giro decisivo en uno de los procesos judiciales más prolongados y polémicos de los últimos años en Colombia. Santiago Uribe Vélez, reconocido ganadero antioqueño y hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue sentenciado a 28 años y tres meses de prisión por su participación en la conformación y liderazgo del grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles, que operó en el norte de Antioquia durante la década de 1990.
La sentencia revoca la absolución dictada en noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que había exonerado a Uribe de los cargos. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia concluyó que existían pruebas suficientes para responsabilizarlo de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y concurso con delitos de lesa humanidad.
Uno de los hechos más relevantes en el proceso fue el asesinato de Camilo Barrientos Durán, ocurrido en 1994 en Yarumal, Antioquia. Según la investigación, Uribe Vélez fue señalado como autor intelectual de este crimen, cometido por integrantes de Los 12 Apóstoles. El tribunal consideró que el homicidio no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de persecución contra personas consideradas “indeseables” por el grupo armado ilegal.
El grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles fue acusado de múltiples asesinatos, desapariciones y actos de violencia en el norte de Antioquia. Testimonios de exintegrantes y de víctimas apuntaron a Santiago Uribe como uno de los principales financiadores y líderes de la organización. La justicia determinó que su papel fue clave en la consolidación de esta estructura armada, que operaba con la complicidad de algunos miembros de la fuerza pública.
La condena ha generado un fuerte impacto político y social. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente, defendiendo la inocencia de su hermano y cuestionando la imparcialidad del proceso judicial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión como un avance en la lucha contra la impunidad en casos de paramilitarismo.
La sentencia aún puede ser objeto de recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que la defensa de Uribe Vélez intentará revertir el fallo en la máxima instancia judicial del país. Mientras tanto, la orden de captura contra el ganadero se hará efectiva una vez se surta este trámite.
El caso contra Santiago Uribe inició formalmente en 2016, cuando la Fiscalía General de la Nación lo acusó de vínculos con paramilitares. Desde entonces, el proceso atravesó múltiples dilaciones, apelaciones y controversias. La absolución de 2024 había sido vista por algunos sectores como el cierre definitivo del expediente, pero la decisión del Tribunal Superior de Antioquia reabrió el debate y terminó con una condena ejemplar.
La condena contra Santiago Uribe no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también simbólicas. Representa un reconocimiento oficial de la responsabilidad de sectores de poder económico y político en la consolidación del paramilitarismo en Colombia. Para las víctimas, el fallo constituye un paso hacia la verdad y la reparación, aunque aún queda pendiente la ejecución de la sentencia y el avance de otros procesos relacionados.
La decisión del Tribunal Superior de Antioquia contra Santiago Uribe Vélez se inscribe en la larga historia de violencia y justicia en Colombia. Al revocar la absolución y condenarlo a más de 28 años de prisión, la justicia colombiana envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad de quienes promovieron y financiaron estructuras armadas ilegales.
Aunque el proceso aún puede llegar a la Corte Suprema, el fallo marca un precedente en la lucha contra la impunidad y en el esclarecimiento de los vínculos entre el poder político, económico y el paramilitarismo.
