La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud, al mando de Guillermo Jaramillo, por incumplir la orden de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026. El alto tribunal reclama estudios técnicos que aseguren suficiencia financiera en el sistema.
La tensión entre la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud se intensificó en diciembre de 2025, cuando el alto tribunal abrió un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo. La razón: el incumplimiento de la orden judicial que obliga a ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2026, garantizando su suficiencia en ambos regímenes del sistema de salud colombiano.
La UPC es el monto que el Estado transfiere a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para cubrir la atención de los afiliados. Su cálculo es crucial, pues de él depende la sostenibilidad de hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró en enero de 2025 la insuficiencia de la UPC vigente y ordenó al Ministerio realizar estudios técnicos para corregir la situación.
El incidente de desacato abierto por la Corte busca presionar al Ministerio para que cumpla con la orden judicial. Según el tribunal, el Gobierno no ha entregado los estudios técnicos que respalden el ajuste de la UPC, lo que pone en riesgo la atención de millones de colombianos. “El incumplimiento general en relación con el componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes es evidente”, señaló la Corte en su auto.
La decisión implica que el Ministerio debe presentar, en un plazo perentorio, un plan detallado que garantice que la UPC de 2026 sea suficiente para cubrir la demanda de servicios de salud. De lo contrario, el alto tribunal podría imponer sanciones al ministro Jaramillo por desacato.
La postura del ministro Jaramillo
El ministro Guillermo Jaramillo ha defendido públicamente la suficiencia de los recursos actuales. En una columna publicada en El Tiempo, afirmó que las EPS y los gremios del sector ejercen presión con “el sufrimiento de la gente” para exigir más dinero. “El mensaje implícito es brutal: si no les dan más plata, retrasan citas, niegan servicios y dejan de entregar medicamentos”, escribió Jaramillo.
No obstante, sus declaraciones han sido cuestionadas por expertos y sociedades científicas, quienes advierten que la insuficiencia de la UPC es real y que mantenerla en niveles bajos podría llevar al cierre de servicios hospitalarios. “La UPC tan baja va a llevar a que las IPS cierren sus servicios y no se atienda a la gente”, alertó Asocientíficas.
La presión de la Corte Constitucional se enmarca en un contexto de crisis del sistema de salud. Durante los últimos años, las EPS han reportado crecientes dificultades para cubrir la demanda de servicios, lo que ha derivado en un aumento de tutelas y quejas ciudadanas. La insuficiencia de la UPC ha generado deudas con hospitales y clínicas, así como retrasos en la entrega de medicamentos.
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta además un panorama político complejo, con la reforma a la salud en vilo y un Congreso que ha frenado varias de sus iniciativas. El decreto que fijará el ajuste de la UPC para 2026 será el último que expida este gobierno, lo que aumenta la presión sobre el Ministerio de Salud.
Impacto en los ciudadanos
La insuficiencia de la UPC no es un asunto técnico aislado: afecta directamente a los usuarios del sistema. Los retrasos en citas médicas, la negación de servicios y la falta de medicamentos son consecuencias palpables de un financiamiento insuficiente. Para los pacientes, la discusión entre la Corte y el Ministerio se traduce en incertidumbre sobre la calidad y oportunidad de la atención.
Las sociedades científicas han advertido que, sin un ajuste adecuado, el sistema podría enfrentar un colapso parcial. “Es devastador”, señalaron en un pronunciamiento reciente, al referirse al panorama actual de la salud en Colombia.
El concepto de suficiencia de la UPC implica que los recursos asignados deben cubrir efectivamente los costos de atención en salud. La Corte Constitucional ha insistido en que el Ministerio debe basar sus decisiones en estudios técnicos rigurosos, que consideren variables como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y los costos de medicamentos de alto costo.
Sin embargo, hasta ahora el Ministerio no ha presentado dichos estudios, lo que motivó la apertura del incidente de desacato. La Corte busca garantizar que el ajuste de la UPC no sea una decisión política, sino técnica y fundamentada en la realidad del sistema.
La disputa entre la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud refleja la tensión entre la política y la técnica en la gestión del sistema de salud colombiano. Mientras el ministro Jaramillo insiste en que los recursos son suficientes, el alto tribunal exige pruebas concretas y estudios técnicos que respalden esa afirmación.
