El Gobierno de Estados Unidos anunció la eliminación del programa de reunificación familiar para Colombia y otros seis países, medida que impactará a miles de migrantes. La decisión, justificada por supuestos abusos y riesgos de fraude, obliga a quienes se beneficiaban del programa a buscar alternativas legales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó este 12 de diciembre de 2025 la terminación del Family Reunification Parole (FRP), mecanismo que permitía a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras ingresar a Estados Unidos de manera temporal mientras avanzaban sus trámites de inmigración por vía familiar.
La medida, publicada en el Registro Federal, marca un giro drástico en la política migratoria estadounidense hacia América Latina. Según el DHS, el programa se convirtió en un “abuso” del sistema migratorio, pues permitió que personas con una “investigación deficiente” eludieran los controles tradicionales. “El deseo de reunificar a las familias no invalida la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso, ni de garantizar la seguridad nacional y pública”, señaló la entidad en su comunicado oficial.
El fin del FRP implica que miles de colombianos y ciudadanos de otros países deberán abandonar Estados Unidos si no cuentan con otra vía legal para permanecer. El DHS estableció que quienes actualmente se encuentran bajo este beneficio deberán obtener un estatus migratorio legal antes del 14 de enero de 2026, salvo aquellos que hayan presentado una solicitud de residencia permanente (Formulario I-485) antes del 15 de diciembre de 2025 y que continúe en trámite.
En caso de que la solicitud sea rechazada, el permiso humanitario se dará por terminado y el individuo deberá salir del país de inmediato. Además, la revocación del parole implica la cancelación automática del permiso de trabajo asociado, lo que agrava la situación de quienes dependían de este beneficio para sostenerse económicamente.
La administración de Donald Trump defendió la decisión como parte de un retorno a “políticas de sentido común” y a un uso del parole estrictamente “caso por caso”, tal como lo concibió el Congreso. Según el DHS, los programas FRP generaron brechas de seguridad, facilitaron fraudes y socavaron la capacidad del gobierno para evaluar adecuadamente a quienes ingresaban al país.
“El permiso humanitario nunca fue destinado a utilizarse de esta forma”, enfatizó el comunicado, subrayando que la reunificación familiar no puede estar por encima de la seguridad nacional.
La noticia ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes y comunidades latinas en Estados Unidos. Para muchos, la eliminación del FRP representa un golpe a la esperanza de reunificación de familias que llevaban años separadas. Activistas han advertido que la medida podría incrementar la vulnerabilidad de miles de personas que ahora enfrentan la posibilidad de deportación o de vivir en la irregularidad.
En Colombia, expertos en migración señalan que la decisión refleja un endurecimiento de la política estadounidense hacia la región y podría tener repercusiones sociales y económicas. Familias que habían invertido tiempo y recursos en el proceso migratorio ahora se encuentran en un limbo jurídico.
El DHS informó que quienes no cumplan los requisitos para permanecer en Estados Unidos deberán abandonar el país antes de la fecha límite. Para ello, se habilitó la aplicación CBP Home, donde los migrantes pueden reportar su intención de salida. Como incentivo, el gobierno ofrece beneficios como asistencia financiera, ayuda con documentos de viaje y la condonación de ciertas multas civiles.
Este mecanismo busca facilitar una salida “ordenada” y reducir la presión sobre el sistema migratorio, aunque críticos consideran que se trata de medidas paliativas frente a un problema de fondo.
El FRP fue creado como una herramienta humanitaria para permitir la reunificación de familias en situaciones de vulnerabilidad. En el caso de Colombia, el programa benefició a miles de ciudadanos que buscaban reunirse con familiares residentes en Estados Unidos mientras sus solicitudes de residencia eran procesadas.
La decisión de terminarlo se enmarca en una política más amplia de endurecimiento migratorio que afecta a varios países de la región. Además de Colombia, la medida impacta a Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, naciones con altos índices de migración hacia Estados Unidos.
