En Afganistán, las mujeres se ven forzadas a interrumpir embarazos en secreto, sin acceso a anticonceptivos ni atención médica segura. Bajo el régimen talibán, abortar es delito y la presión familiar y económica convierte cada decisión en un riesgo de cárcel, estigmatización y muerte.
En Kabul, Bahara, madre de cuatro hijas, acudió desesperada a un hospital para pedir ayuda y detener un embarazo no deseado. La respuesta fue tajante: “Si alguien se entera, acabaremos en la cárcel”. Su historia refleja la realidad de miles de mujeres afganas que, privadas de derechos básicos, enfrentan la disyuntiva de arriesgar su vida o cargar con una maternidad impuesta.
Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, abortar o ayudar a alguien a hacerlo constituye un delito penado con prisión. Los médicos, vigilados por inspecciones constantes, temen ser acusados si se detecta un procedimiento clandestino. La consecuencia es que las mujeres recurren a métodos inseguros, desde infusiones de hierbas hasta golpes en el vientre, exponiéndose a hemorragias y secuelas irreversibles.
Bahara recuerda la presión de su esposo desempleado, quien le ordenó “encontrar una solución” para evitar una quinta hija. En Afganistán, donde las niñas tienen prohibido asistir a colegios, universidades y acceder a la mayoría de empleos, el nacimiento de una niña se percibe como una carga económica. “Apenas podemos alimentarlas. Si fuera un niño, podría ir al colegio y trabajar”, explicó.
Detrás de cada aborto clandestino se esconde una violencia estructural vinculada al género y la precariedad económica. La exclusión de las mujeres del espacio público convierte la maternidad en un dilema financiero y social. Para muchas familias, tener hijas significa más bocas que alimentar sin posibilidad de ingresos futuros.
Expertos señalan que esta situación no solo refleja discriminación, sino también una política sistemática de control sobre los cuerpos femeninos. La salud sexual y reproductiva ha quedado anulada, y las mujeres son obligadas a decidir bajo coacción, sin alternativas legales ni seguras.
Los médicos también viven bajo amenaza. Una ginecóloga de Kabul relató: “Teníamos más libertad para practicar abortos, había oenegés que nos apoyaban, no había controles por parte del Gobierno. Hoy en día, los médicos tienen miedo, porque si las recetas se controlan en la farmacia, pueden acusarnos”.
La vigilancia constante genera un clima de pánico en el sistema sanitario. Las mujeres que llegan con complicaciones tras intentos fallidos de aborto suelen ocultar la verdad, alegando caídas o accidentes, para evitar ser denunciadas. El resultado es un círculo de silencio y riesgo que perpetúa la vulnerabilidad femenina.
El caso de Bahara no es aislado. Otras mujeres han relatado métodos extremos: Nesa tomó pastillas tóxicas y Mariam se aplastó el vientre con una piedra. Estas prácticas, además de dolorosas, pueden provocar daños irreversibles en órganos internos y la muerte. La clandestinidad obliga a las mujeres a callar y aceptar el sufrimiento como parte de su destino.
Incluso fuera de los círculos talibanes, el miedo a la estigmatización es fuerte en una sociedad profundamente conservadora. Muchas mujeres entrevistadas por la AFP aceptaron hablar solo bajo anonimato, temiendo represalias y rechazo social.
El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Popular para las Mujeres de Afganistán emitió una sentencia histórica que denunció la persecución sistemática contra las mujeres. En el fallo se subrayó que “desde 2021, las autoridades de facto de Afganistán han impuesto medidas restrictivas y discriminatorias que obstaculizan gravemente el acceso de las mujeres y las niñas a la atención sanitaria, incluida la salud sexual y reproductiva”.
Este pronunciamiento internacional busca visibilizar la crisis y presionar a la comunidad global para que actúe en defensa de los derechos de las mujeres afganas. Sin embargo, en el terreno, las condiciones siguen siendo de represión y silencio.
Veinte años antes, la salida de los talibanes permitió la entrada de organizaciones humanitarias que financiaron educación femenina y planificación familiar. Hubo avances en salud reproductiva y mayor libertad para los médicos. Hoy, ese progreso se ha desmoronado. La retirada de las oenegés y el control talibán han reinstalado un sistema de miedo y clandestinidad.
