El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejecuta un “paro armado nacional” que paraliza regiones enteras de Colombia, afectando gravemente a la población civil. Bloqueos, amenazas y ataques se registraron en varias carreteras, mientras autoridades denuncian violaciones a los derechos humanos y comunidades reclaman protección urgente.
El reciente “paro armado nacional” convocado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad en varias regiones de Colombia. Durante tres días, la guerrilla impone restricciones a la movilidad, intimida a comunidades rurales y urbanas, y genera un clima de miedo que recuerda los peores momentos del conflicto armado.
Las carreteras de departamentos como Santander, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Cauca fueron escenario de bloqueos, quema de vehículos y amenazas directas contra transportadores y comerciantes. La población civil, principal víctima de estas acciones, quedó atrapada entre el temor a represalias y la ausencia de garantías estatales.
“Nos obligaron a cerrar los negocios y a no salir de las casas. El miedo se siente en cada esquina”, relató un comerciante de Saravena, Arauca, que pidió reserva de su identidad por seguridad.
El ELN, fundado en 1964 bajo inspiración marxista y con fuerte influencia de la teología de la liberación, ha mantenido una presencia activa en zonas fronterizas y selváticas. A diferencia de las FARC, que firmaron un acuerdo de paz en 2016, el ELN ha prolongado su confrontación con el Estado colombiano, alternando diálogos de paz con ofensivas armadas.
El “paro armado” es una estrategia recurrente de esta organización, utilizada para demostrar capacidad de control territorial y presión política. En esta ocasión, el anuncio se dio en medio de tensiones por los diálogos exploratorios con el Gobierno, lo que muchos analistas interpretan como una maniobra para fortalecer su posición negociadora.
“El ELN busca mostrar que sigue teniendo poder de fuego y capacidad de intimidación. Es un mensaje tanto para el Estado como para las comunidades”, explicó el analista de seguridad Jorge Restrepo.
Las consecuencias para la ciudadanía fueron inmediatas. En municipios de Norte de Santander, el transporte público se detuvo casi por completo. Los campesinos no pudieron sacar sus productos a los mercados, generando pérdidas económicas significativas. En Chocó, comunidades indígenas denunciaron confinamiento forzado y restricciones a la movilidad fluvial.
“Estamos atrapados, no podemos salir a pescar ni llevar a los niños a la escuela”, afirmó un líder comunitario del Medio Atrato.
La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas, señalando que las acciones del ELN constituyen graves violaciones al derecho internacional humanitario. El organismo recordó que la población civil no puede ser objeto de ataques ni de presiones en el marco del conflicto armado.
Respuesta institucional
El Gobierno colombiano rechazó enérgicamente el paro armado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró: “No vamos a permitir que grupos ilegales intimiden a los ciudadanos. La Fuerza Pública está desplegada para garantizar la movilidad y la seguridad”.
Sin embargo, en terreno, la percepción de los habitantes fue distinta. Muchos señalaron que la presencia militar fue insuficiente y que las amenazas del ELN se cumplieron sin mayor resistencia.
La Policía Nacional reportó la quema de al menos diez vehículos en carreteras de Arauca y Norte de Santander, mientras el Ejército confirmó enfrentamientos en zonas rurales de Cauca.
El paro armado también tuvo repercusiones en la frontera con Venezuela. En Arauca, los bloqueos afectaron el comercio binacional y generaron preocupación en autoridades locales. Organismos internacionales como Human Rights Watch condenaron las acciones del ELN y pidieron mayor protección para las comunidades vulnerables.
“El uso del miedo como arma política es inaceptable. La población civil debe ser protegida de manera urgente”, señaló un comunicado de la organización.
El episodio plantea interrogantes sobre el futuro de los diálogos de paz. Mientras el Gobierno insiste en mantener la puerta abierta a la negociación, el ELN parece enviar señales contradictorias. Por un lado, participa en mesas de conversación; por otro, ejecuta acciones armadas que minan la confianza ciudadana.
Expertos advierten que la estrategia del ELN busca aumentar su poder de negociación, pero a costa de la población civil. “Cada vez que el grupo siente que pierde relevancia, recurre al paro armado para recordarle al país que sigue siendo un actor beligerante”, explicó la investigadora María Victoria Llorente.
El “paro armado nacional” del ELN deja una huella profunda en la población civil, evidenciando la persistencia de la violencia y la fragilidad de las instituciones en territorios periféricos. Más allá de las cifras de vehículos quemados o carreteras bloqueadas, el verdadero impacto se mide en el miedo, la parálisis económica y la vulneración de derechos fundamentales.
