Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump relanzó una política dura hacia América Latina, basada en presión militar, sanciones y control migratorio. El giro revive la Doctrina Monroe, tensiona alianzas históricas y profundiza la disputa geopolítica con China en el hemisferio occidental.
La llegada de Donald Trump a su segundo mandato marcó un cambio abrupto y profundo en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Tras décadas en las que Washington concentró su atención estratégica en Europa, Medio Oriente y Asia, la Casa Blanca volvió a mirar al sur con una lógica de control hemisférico, seguridad nacional y confrontación directa. Analistas coinciden en que este retorno no se produce bajo esquemas clásicos de cooperación, sino mediante una combinación de presión militar, coerción diplomática, sanciones económicas y alineamientos ideológicos selectivos.
Este giro se expresa en múltiples frentes: deportaciones masivas, designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, amenazas de intervención militar, ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales, presiones comerciales y una participación cada vez más explícita en procesos políticos internos de países latinoamericanos. Todo ello ocurre en un escenario en el que China se consolidó como el principal socio comercial de gran parte de Sudamérica, desplazando la influencia económica tradicional de Estados Unidos.
La designación de Marco Rubio como secretario de Estado fue una señal temprana de esta orientación. Considerado un “halcón” frente a los gobiernos de izquierda de la región, Rubio impulsó una agenda centrada en seguridad, contención del crimen organizado y confrontación con regímenes no alineados con Washington, mientras avanzaba el desmantelamiento de USAID, una de las principales herramientas de cooperación y asistencia exterior de EEUU.
Según el exdiplomático venezolano Alfredo Toro Hardy, este proceso representa un regreso “asertivo pero desordenado” a la Doctrina Monroe, entendida como un marco en el que “el control hemisférico es visualizado como un imperativo de seguridad nacional”. En sus palabras, el objetivo central es “recuperar a la región como esfera de influencia natural de los Estados Unidos”.
Seguridad, narcotráfico y presión militar
Uno de los ejes centrales de la nueva política estadounidense ha sido la seguridad. En las primeras semanas de su mandato, Trump declaró como organizaciones terroristas extranjeras a varios grupos criminales latinoamericanos, incluidos cárteles mexicanos, una decisión que, según expertos, podría habilitar el uso directo de la fuerza militar estadounidense fuera de sus fronteras.
Esta escalada tensó especialmente la relación con México. “En marzo estaba muy latente la posibilidad de la intervención militar. Eso no ha desaparecido, está presente”, advirtió Abelardo Rodríguez, investigador de la Universidad Iberoamericana. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum logró reducir momentáneamente las tensiones mediante mayor cooperación y extradiciones de alto perfil, la amenaza sigue latente.
México entregó a Estados Unidos figuras emblemáticas del narcotráfico como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales. Ecuador hizo lo propio con Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros. Estas extradiciones reforzaron la narrativa de seguridad impulsada por Washington y fueron presentadas como logros de su estrategia coercitiva.
Sin embargo, el despliegue militar fue más allá. En agosto, Trump ordenó una operación naval en el Caribe y, desde septiembre, Estados Unidos atacó más de 20 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de que transportaban drogas. Las acciones dejaron más de 100 muertos, lo que generó fuertes críticas en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los hechos como “asesinatos”, mientras otros gobiernos aliados respaldaron la ofensiva.
Para Eduardo Gamarra, politólogo de la Universidad Internacional de Florida, la estrategia es ineficaz: “Si el objetivo es parar el narcotráfico, esa estrategia no sirve. No es un buen resultado y hay serios cuestionamientos, incluso referidos a crímenes de lesa humanidad”.
Irene Mia, investigadora del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, sostuvo que la política de Trump es “insular y cortoplacista”, enfocada casi exclusivamente en amenazas como el narcotráfico y la migración. Aunque reconoce que la designación de cárteles como terroristas podría servir para atacar sus finanzas, lamenta que “hasta ahora la única medida notoria fue la sanción de tres entidades financieras mexicanas”.
Migración, ideología y disputa geopolítica
El otro gran pilar del giro estratégico ha sido la migración. En 2025, Trump lanzó una campaña de deportaciones masivas sin precedentes recientes. Más de medio millón de personas fueron deportadas en los primeros meses de su segundo mandato y otras 1,6 millones salieron voluntariamente del país. Programas como el parole humanitario y el Estatus de Protección Temporal (TPS) fueron eliminados para ciudadanos de países como Venezuela, Haití y Honduras.
Trump declaró la emergencia nacional en la frontera sur y endureció las políticas migratorias: redadas ampliadas, uso de aviones militares para deportaciones, restricciones al asilo y el envío de cientos de venezolanos a la megacárcel Cecot en El Salvador. También impulsó la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, una medida que desafía la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense.
“La dirección que está tomando el Gobierno es la de ‘no queremos más inmigrantes latinoamericanos’, eso queda clarísimo”, afirmó Gamarra, quien advirtió sobre los impactos en sectores económicos que dependen de esta mano de obra, como la construcción y la agricultura en estados como Florida.
En paralelo, la Casa Blanca intensificó la presión sobre Venezuela. Trump aseguró que Nicolás Maduro “tiene los días contados” y desplegó una batería de medidas: aumento de recompensas, sanciones, autorización a la CIA para operar en territorio venezolano, ejercicios militares cerca de la costa y la declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista.
“Es un despliegue militar que no vemos desde la invasión a Panamá”, afirmó Juan Negri, de la Universidad Torcuato Di Tella, quien alertó sobre el riesgo de un efecto cascada de violencia y migración en la región. Para otros analistas, el trasfondo de esta presión es la seguridad energética de Estados Unidos y el control de los vastos recursos petroleros venezolanos.
La confrontación con Venezuela se inscribe, además, en una disputa mayor con China. En su nueva estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos reconoce que “algunas influencias extranjeras serán difíciles de revertir”, pero deja claro que buscará desincentivar la cooperación latinoamericana con Beijing. El caso de Panamá, donde una empresa estadounidense compró puertos estratégicos tras presiones de Washington, ilustra esta competencia.
No obstante, expertos dudan de la eficacia de esta política. “No va a funcionar sin inversiones en manufactura e infraestructura”, sostuvo Gamarra. “Estados Unidos no puede posicionarse solo con hard power; necesita soft power, inversiones y presencia empresarial, es decir, lo que hacen los chinos”.
La renovada atención de Donald Trump sobre América Latina redefine el vínculo hemisférico bajo una lógica de presión, alineamiento ideológico y control estratégico. Aunque Washington ha logrado disciplinar a algunos gobiernos y fortalecer alianzas con líderes afines, la estrategia también ha profundizado la polarización regional, debilitado la cooperación y empujado a varios países hacia China.
“La región carece de una voz unificada”, advirtió Negri, mientras otros analistas coinciden en que la impredecibilidad de Trump dificulta cualquier planificación a largo plazo. De cara a 2026, todo indica que la política seguirá la misma línea: más intervención, más coerción y una América Latina atrapada entre el garrote de Washington y la alternativa económica que ofrece Beijing.
