La Registraduría Nacional del Estado Civil canceló 119 cédulas de ciudadanía obtenidas con falsa identidad e invalidó 287 registros civiles de nacimiento durante 2025, tras detectar irregularidades en su expedición. Las autoridades advierten sobre redes que instrumentalizan a ciudadanos colombianos para legalizar identidades fraudulentas.
Durante 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil consolidó uno de los mayores procesos de depuración documental de los últimos años, al cancelar 119 cédulas de ciudadanía tramitadas con identidades falsas e invalidar 287 registros civiles de nacimiento que presentaban irregularidades en su inscripción. La mayoría de los casos involucró a ciudadanos extranjeros, especialmente de nacionalidad dominicana, quienes habrían accedido a documentos colombianos mediante maniobras fraudulentas para tramitar pasaportes, salir del país o facilitar la comisión de delitos.
El fenómeno, aunque no es nuevo, ha adquirido mayor complejidad debido a la articulación de redes dedicadas a la falsificación de documentos y al tráfico de migrantes. Estas estructuras, según las autoridades, operan mediante la captación de ciudadanos colombianos que se prestan como testigos o declarantes en la inscripción irregular de registros civiles de nacimiento, un paso clave para obtener posteriormente la cédula de ciudadanía.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, hizo un llamado contundente a la ciudadanía para evitar participar en estas prácticas. “Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”, advirtió.
La depuración documental realizada por la Registraduría no fue un esfuerzo aislado. Hizo parte de un trabajo articulado con Migración Colombia, la Cancillería, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Esta coordinación interinstitucional permitió identificar patrones, cruzar bases de datos y detectar inconsistencias en los procesos de inscripción y expedición de documentos.
Uno de los avances más significativos fue el fortalecimiento de los sistemas de biometría dactilar y facial, que permitieron frenar 86 intentos de suplantación de identidad a lo largo del año. Estos casos, al igual que los registros y cédulas anulados, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que adelanta investigaciones para desarticular las redes criminales involucradas.
La biometría se ha convertido en una herramienta clave para blindar los procesos de identificación en Colombia. Su implementación ha permitido detectar casos en los que una misma persona intenta presentarse con identidades distintas, así como evitar que terceros suplanten a ciudadanos legítimos para acceder a beneficios, realizar trámites migratorios o evadir responsabilidades judiciales.
Implicaciones para la seguridad y la confianza institucional
La cancelación de cédulas y la invalidación de registros civiles no solo corrigen irregularidades administrativas: también tienen un impacto directo en la seguridad nacional. La obtención fraudulenta de documentos colombianos puede facilitar la movilidad de personas vinculadas a actividades ilícitas, desde el tráfico de migrantes hasta el lavado de activos o la evasión de órdenes judiciales en otros países.
Además, estos casos ponen en riesgo la confianza ciudadana en el sistema de identificación, un pilar fundamental para el ejercicio de derechos civiles, la participación democrática y la prestación de servicios públicos. Por ello, la Registraduría insiste en que la colaboración ciudadana es esencial para prevenir el fraude documental.
El llamado del registrador Penagos busca precisamente frenar la participación de colombianos en estas redes. La figura del testigo o declarante en la inscripción de un registro civil es un mecanismo diseñado para garantizar acceso a la identidad, no para facilitar la legalización de personas que no cumplen los requisitos establecidos por la ley.
La entidad también ha reforzado campañas pedagógicas para explicar a la ciudadanía las consecuencias penales de participar en estos actos. La falsedad en documento público, la suplantación de identidad y el favorecimiento de la permanencia irregular de extranjeros son delitos que pueden acarrear penas de prisión.
