La Procuraduría General de la Nación advirtió a alcaldías y gobernación de Caquetá sobre la obligación de aplicar la ley de marcas de gobierno, una norma que limita eslóganes y logotipos personalistas, busca preservar la identidad institucional y refuerza principios de transparencia y acceso público.
La socialización de esta normativa con autoridades departamentales, distritales y municipales hace parte de una estrategia preventiva del Ministerio Público para evitar que, con cada cambio de administración, las entidades del Estado modifiquen su imagen institucional con fines políticos o personalistas. La llamada ley de “marcas de gobierno” establece reglas claras sobre cómo debe presentarse la identidad visual del Estado ante la ciudadanía.
Según explicó la Procuraduría, la norma prohíbe expresamente el uso de eslóganes, símbolos o logotipos asociados a un mandatario de turno y obliga a las entidades públicas a implementar un Manual de Identidad Visual. Este instrumento busca garantizar uniformidad, continuidad institucional y claridad en la comunicación oficial, independientemente de quién ejerza el poder.
Durante el encuentro con las autoridades de Caquetá, la Procuraduría Regional de Instrucción hizo un llamado a revisar si la disposición legal ya fue adoptada y, en caso contrario, a iniciar de inmediato su implementación. El énfasis estuvo en la necesidad de separar la imagen del Estado de la promoción personal de alcaldes, gobernadores o equipos de gobierno.
Desde el Ministerio Público se recalcó que el uso indebido de la imagen institucional no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también puede vulnerar principios constitucionales como la transparencia, la igualdad y el acceso a la información pública. Por ello, la ley busca cerrar el paso a prácticas que, aunque comunes en el pasado, hoy están claramente restringidas.
La circular emitida por la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá detalla, además, lineamientos sobre la publicidad institucional, el manejo de la vocería oficial y el uso de las redes sociales de las entidades públicas. En todos los casos, se insiste en que estos canales deben informar y servir al ciudadano, no promover la imagen personal de los gobernantes.
El Ministerio Público informó que, a través de las personerías municipales, hará seguimiento permanente al cumplimiento de la ley en todo el departamento. Esta vigilancia incluye la revisión de piezas publicitarias, portales web, redes sociales y demás elementos de comunicación institucional.
En caso de evidenciar incumplimientos, la Procuraduría advirtió que iniciará las acciones correspondientes para garantizar que se respete la normativa vigente. El mensaje es claro: la identidad visual del Estado no es un recurso político, sino un bien institucional que debe mantenerse estable, reconocible y al servicio del interés general.
Con esta intervención, la Procuraduría busca sentar un precedente en Caquetá y reforzar una cultura administrativa en la que la imagen del Estado trascienda los periodos de gobierno y se consolide como un elemento de confianza y continuidad para la ciudadanía.
