Tres mujeres fueron asesinadas en dos ataques armados consecutivos ocurridos en Santander de Quilichao, norte del Cauca, hechos que organizaciones sociales calificaron como la primera masacre de 2026 en Colombia, en medio de advertencias previas por el deterioro de la seguridad y la presencia de grupos armados ilegales.
El comienzo de 2026 estuvo marcado por un nuevo episodio de violencia en el norte del Cauca, una región que desde hace años convive con disputas armadas, control territorial y economías ilegales. En menos de un día, dos ataques con armas de fuego alteraron la vida cotidiana de Santander de Quilichao y dejaron como saldo tres mujeres asesinadas, generando conmoción y temor entre los habitantes del municipio.
Los crímenes ocurrieron en espacios habituales de la comunidad: primero en un establecimiento comercial y, horas más tarde, en un velorio. La cercanía temporal y la relación directa entre ambos hechos llevaron a organizaciones de derechos humanos y de seguimiento al conflicto armado a catalogar el caso como la primera masacre registrada en el país durante 2026.
El primer hecho violento se presentó el 3 de enero, cuando hombres armados ingresaron a un local comercial del municipio y dispararon contra su administradora, Irma Yulie Erazo Reina. La mujer murió en el lugar, mientras los atacantes huyeron sin dejar rastro, según versiones preliminares de las autoridades.
Horas después, cuando familiares, amigos y vecinos se encontraban reunidos en el velorio de la víctima, se produjo un segundo ataque. En medio del caos, dos personas que intentaron escapar fueron perseguidas y asesinadas con arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53.
La repetición del ataque, esta vez en un espacio de duelo y recogimiento, incrementó la sensación de vulnerabilidad en la comunidad. Habitantes del municipio expresaron su temor por la reiteración de este tipo de acciones y por la posibilidad de nuevos hechos violentos, mientras las autoridades locales activaron operativos de seguridad y anunciaron el inicio de investigaciones.
Alertas previas y disputas armadas persistentes
El doble crimen ocurrió en un contexto que ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo. A través de alertas tempranas emitidas en 2025, la entidad había señalado los riesgos para la población civil en Santander de Quilichao, derivados de la imposición de normas, el control social y las confrontaciones entre grupos armados ilegales.
En el norte del Cauca hacen presencia estructuras disidentes de las antiguas Farc, entre ellas los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, así como bandas locales que disputan corredores estratégicos asociados al narcotráfico y otras economías ilícitas. Estas dinámicas han convertido a la región en un escenario recurrente de violencia, pese a la presencia de la Fuerza Pública.
La jurisdicción del área corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional, que ya había sido notificada sobre el incremento de hechos violentos en el departamento. Sin embargo, organizaciones sociales insisten en que las medidas adoptadas han sido insuficientes para garantizar la protección de la población civil.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles y responsables de los ataques, el caso vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad en el Cauca. En 2025, el departamento registró siete masacres con 23 víctimas, una cifra que refleja la persistencia del conflicto armado y el desafío que enfrentan las autoridades para prevenir nuevos hechos de violencia en 2026.
