La Policía Nacional ofrece hasta 200 millones de pesos por información que permita la liberación de cinco patrulleros secuestrados el 6 de enero en la zona rural de Tibú, Catatumbo, mientras intensifica la búsqueda en medio de la persistente violencia de grupos armados ilegales en la región.
El pasado 6 de enero de 2026, cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados en el sector La Llana, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en el nororiente colombiano.
Las autoridades informaron que los uniformados, que se movilizaban vestidos de civil y sin armas en un bus de servicio público tras concluir su permiso de fin de año, fueron interceptados por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal con presencia histórica en el Catatumbo y otras regiones fronterizas del país.
Según el reporte oficial, los hombres armados obligaron a descender a los pasajeros, revisaron sus teléfonos móviles para identificar a los policías y se llevaron por la fuerza a los cinco patrulleros hacia un destino desconocido.
Este tipo de hechos representa una escalada de violencia en una región que ha estado marcada durante años por conflictos entre grupos armados, disidencias de las FARC y el ELN. La presencia de estos actores ha provocado desplazamientos, ataques y vulneraciones continuas a la seguridad de civiles y miembros de la Fuerza Pública.
El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, calificó el secuestro como un acto que “atenta contra la dignidad humana y la paz del país”, y reiteró el rechazo de la institución frente a estas prácticas violentas.
En respuesta al secuestro, la Policía Nacional activó un dispositivo especial de búsqueda y verificación, articulado con las Fuerzas Militares y autoridades judiciales, con el objetivo de localizar a los uniformados y garantizar su pronta liberación.
La institución también puso a disposición de la ciudadanía una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar a los responsables y facilitar la liberación de los patrulleros. Las autoridades aseguran que la información será recibida bajo reserva absoluta para proteger a quienes colaboren con las investigaciones.
La línea telefónica 123 y el número 314 358 7212 fueron habilitados para recibir denuncias y datos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.
Desde la Gobernación de Norte de Santander también se ha rechazado el secuestro y se han hecho llamados públicos a los grupos armados para que respeten la vida y la integridad de los uniformados, destacando la necesidad de priorizar canales humanitarios que permitan su liberación sin más violencia.
Contexto de violencia en el Catatumbo
El Catatumbo es una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales, enfrentamientos y crisis humanitarias. Esta zona fronteriza con Venezuela ha sido escenario de conflictos por control territorial y rutas de narcotráfico, lo que ha derivado en recurrentes hechos de violencia que impactan tanto a la población civil como a la Fuerza Pública.
Organizaciones como la Defensoría del Pueblo han reportado desplazamientos forzados y violaciones a derechos humanos en el contexto de estos conflictos, donde comunidades enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares por la inseguridad y la presión de grupos armados.
Además, la modalidad del secuestro en carretera, donde grupos armados detienen vehículos y seleccionan a sus víctimas tras revisar documentos o pertenencias, ha sido señalada como una táctica de intimidación y control en diferentes tramos del Catatumbo.
El secuestro de los cinco patrulleros se suma a una larga lista de hechos violentos en la región que ponen de relieve los desafíos de seguridad y gobernabilidad que enfrenta el Estado colombiano en zonas donde la presencia institucional es limitada o continuamente desafiada por grupos ilegales.
La noticia del secuestro ha generado consternación y rechazo a nivel nacional. Organizaciones sociales, líderes comunitarios y familiares de las víctimas han hecho llamados a favor de la liberación inmediata y segura de los uniformados, así como a reforzar las estrategias de protección para quienes sirven en territorios de alta conflictividad.
