El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno “comenzará a atacar por tierra” a los cárteles de la droga, sosteniendo que estas organizaciones “gobiernan México”, en una escalada militar que redefine la lucha antidrogas y tensiona relaciones diplomáticas con México.
En una entrevista con la cadena Fox News, Donald Trump, presidente de EEUU, explicó que tras haber combatido el narcotráfico marítimo —donde, según él, “se ha erradicado el 97% de las drogas que entran por agua”— ahora el foco será la lucha terrestre contra los cárteles que, a su juicio, “controlan México”.
Trump no detalló ni el cronograma ni la ubicación exacta de estos ataques terrestres. No aclaró si se trataría de operaciones en México, Venezuela u otra región de la frontera sur estadounidense, limitándose a afirmar que los cárteles “matan entre 250.000 y 300.000 personas cada año”.
Sus declaraciones suponen una profundización sin precedentes en el uso de la fuerza militar para combatir el narcotráfico, en un contexto en el que ya se han llevado a cabo bombardeos marítimos en aguas del Caribe y el Pacífico dirigidos a embarcaciones sospechosas de transportar droga, operaciones que han dejado más de un centenar de fallecidos sin mandato judicial ni autorización del Congreso estadounidense.
Además, su gobierno desplegó el pasado año una operación militar masiva en Venezuela —con más de 14.000 soldados— que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York por cargos de narcoterrorismo.
La propuesta de Trump ha generado rechazo inmediato desde México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de “colaboración” y “comunicación” bilateral, defendiendo la “responsabilidad compartida” en la lucha contra el narcotráfico y subrayando el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
Analistas consultados por medios internacionales advierten que una acción militar estadounidense en territorio mexicano sin consentimiento sería una violación flagrante de la soberanía de un país aliado, con consecuencias impredecibles para la cooperación regional en materia de seguridad y comercio.
Históricamente, las relaciones entre Washington y Ciudad de México en materia de seguridad han sido sensibles. Aunque México ha extraditado a Estados Unidos a varios capos del narcotráfico y se han reforzado algunas iniciativas cooperativas en la frontera, el uso de fuerza militar extranjera siempre ha sido un punto de fricción.
Expertos también recuerdan que los principales cárteles —como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación— ya controlan amplias zonas del territorio mexicano y han generado niveles de violencia interna que superaron las 30.000 muertes en un solo año, antes de la intervención estadounidense planteada por Trump.
La declaración de Trump no ocurre en un vacío; se da en medio de una serie de movimientos militares y políticos de alto impacto regional. Desde finales de 2025, Estados Unidos intensificó sus operaciones en el Caribe y América del Sur, incluida la operación en Venezuela que llevó a la captura de Maduro.
La actitud de la administración Trump hacia otros países de la región también ha sido motivo de preocupación. Ha habido advertencias y sugerencias de intervenciones en países como Colombia, en el marco de su campaña antidrogas, lo que ha alimentado temores de un enfoque cada vez más militarizado en la política hemisférica.
Opositores de la estrategia estadounidense sostienen que la militarización de la lucha contra los cárteles puede exacerbar la violencia y provocar un efecto contrario al deseado, debilitando las instituciones locales y alimentando resentimientos contra los países intervenidos.
