El Gobierno puso en marcha el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia sin precedentes para enfrentar el uso de aeronaves no tripuladas por grupos armados ilegales. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Defensa, prevé una inversión superior a $6,3 billones y prioriza tecnología, entrenamiento y control aéreo.
El uso de drones por parte de actores armados ilegales se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad en Colombia y otros países de la región. Estos dispositivos, empleados para vigilancia, transporte de explosivos o ataques selectivos, han modificado el escenario del conflicto y desafiado las capacidades tradicionales de defensa del Estado.
En respuesta a este nuevo contexto, el Gobierno Nacional puso en ejecución el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, considerado la apuesta más ambiciosa en materia de protección del espacio aéreo colombiano. El plan busca salvaguardar a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública frente a amenazas emergentes asociadas al uso ilícito de tecnologías no tripuladas.
La inversión total del proyecto supera los $6,3 billones. De ese monto, $1 billón será destinado a la primera fase por instrucción directa del presidente de la República, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. El resto de los recursos se ejecutará de manera gradual, conforme avancen las etapas técnicas, operativas y normativas de la iniciativa.
El proyecto se desarrollará como un esfuerzo interinstitucional, con la participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, integradas en el recientemente creado Grupo de Drones y Antidrones. Este equipo multidisciplinario será el encargado de evaluar propuestas, realizar pruebas y definir las soluciones más adecuadas para el entorno operacional colombiano.
Una estrategia integral frente a nuevas amenazas
El ministro Sánchez explicó que el Escudo Nacional Antidrones se estructura sobre tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. El objetivo central es garantizar el control del espacio aéreo, anticiparse a nuevas formas de agresión y reducir riesgos para la vida de civiles y uniformados.
En el componente normativo, el proyecto busca actualizar marcos legales y doctrinales para responder a una realidad tecnológica que avanza más rápido que la regulación existente. En paralelo, se fortalecerán las capacidades humanas mediante programas de entrenamiento especializado para operadores e instructores, tanto en el uso de los sistemas como en su mantenimiento.
El eje tecnológico contempla la adquisición de soluciones de detección, identificación, neutralización y control de drones, adaptadas a las condiciones geográficas y de seguridad del país. Las pruebas de estos sistemas se realizarán directamente en escenarios operacionales colombianos, un requisito clave para garantizar su efectividad real.
Como parte del proceso, el Ministerio de Defensa convocó a empresas y países interesados a una reunión informativa que se realizará el próximo 16 de enero en la sede de la cartera. Allí se explicarán los alcances del proyecto y los lineamientos generales de la convocatoria, cuyos términos de referencia serán publicados en la página oficial del ministerio.
Reglas estrictas y énfasis en transparencia
Uno de los aspectos más relevantes del Escudo Nacional Antidrones es el esquema de contratación definido por el Gobierno. El proceso se realizará mediante contratación directa, exclusivamente con empresas fabricantes respaldadas por sus respectivos Estados, y contará con el acompañamiento de las embajadas de los países de origen.
Según explicó el ministro Sánchez, no se recibirán ofertas de empresas integradoras ni comercializadoras, y el diálogo técnico se dará directamente entre los fabricantes y el Grupo de Drones y Antidrones. Además, se exigirá la actualización permanente del software, la capacitación integral del personal colombiano y la transferencia de tecnología como condición obligatoria.
El proceso licitatorio tendrá acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa y de una firma especializada en contratación estatal. Las propuestas serán evaluadas por equipos técnicos, jurídicos y económicos, bajo criterios estrictos de rigor institucional, sin injerencia política en la decisión final.
Entre las condiciones fijadas también se incluyen garantías plenas de cumplimiento, pólizas exigentes y compromisos firmes en los tiempos de entrega. El Gobierno advirtió que las compañías deberán considerar el contexto estratégico global y asegurar que conflictos internacionales no afecten ni retrasen el suministro de los equipos.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca no solo responder a una amenaza inmediata, sino avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en defensa. La apuesta por la transferencia de conocimiento y tecnología apunta a fortalecer las capacidades nacionales y a preparar al país para un escenario de seguridad cada vez más marcado por la innovación y la guerra tecnológica.
