Once integrantes de la Comisión 34, facción de las disidencias de las Farc bajo mando de alias Calarcá, se sometieron a la justicia en el Chocó, desarticulando completamente esa estructura surgida en 2025 y debilitando la presencia armada ilegal en la región.
En la vereda Guaduas, municipio de Carmen de Atrato (Chocó), 11 integrantes de la Comisión 34 de las disidencias de las Farc, incluidos sus tres cabecillas, se entregaron a la justicia tras operaciones militares, marcando la desarticulación total de esta estructura vinculada al mando alias Calarcá.
Las disidencias de las FARC, formadas tras la firma del acuerdo de paz de 2016, continuaron activas en varias regiones del país, generando violencia y control territorial. Entre estas, el Bloque Magdalena Medio – bajo el mando de Calarcá y parte del Gentil Duarte– ha mantenido presencia en zonas de Chocó, Risaralda y Caldas, incidiendo en actividades delictivas como narcotráfico, extorsión y reclutamiento forzado.
En 2025, fracturas internas del Frente 36 dieron lugar a la creación de la denominada Comisión 34, un grupo con pretensiones de expandir el control del Bloque Magdalena Medio en el occidente colombiano. Esta comisión estuvo compuesta por combatientes organizados bajo patrones jerárquicos con líderes señalados de dirigir operaciones criminales y asegurar rutas de logística ilícita en la región.
El Gobierno colombiano, como parte de la política de confrontación a los grupos armados residuales, mantuvo presión militar sostenida en territorios de influencia de estas estructuras, con el fin de restablecer el orden constitucional, mitigar las dinámicas delictivas y ofrecer rutas de sometimiento a la justicia para quienes decidieran desmovilizarse.
El 13 de enero de 2026, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional, desplegadas en la vereda Guaduas de Carmen de Atrato, Chocó, lograron que 11 integrantes de la Comisión 34 –10 hombres y una mujer– decidieran someterse voluntariamente a la justicia. Entre los sometidos se encuentran los tres cabecillas principales, identificados con los alias Andrés, Jair y David, quienes expresaron su intención de acogerse al proceso legal correspondiente y solicitaron garantías para su vida e integridad.
La entrega de estos combatientes incluyó la incautación de ocho armas largas, municiones de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas, lo que, según el Ejército, debilita la capacidad armada, logística y doctrinal del grupo.
El Ejército Nacional destacó que estas acciones se realizaron bajo estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), garantizando la vida y dignidad de quienes se sometieron. Posteriormente, los desmovilizados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales y administrativos, en el marco del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa.
La caída de la Comisión 34 representa un golpe operativo significativo contra las disidencias del mando Calarcá, ya que elimina una estructura activa en la planificación de acciones criminales y en la expansión territorial en varias zonas del país. Esta desarticulación, según el Ejército, contribuye a debilitar la presencia de grupos armados ilegales en el Chocó y limita sus capacidades de acción futura.
