Los gobernadores de Colombia anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para frenar el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica. Consideran que la medida vulnera la autonomía territorial y compromete gravemente las finanzas departamentales, poniendo en riesgo derechos fundamentales como salud, educación y desarrollo regional.
El inicio de 2026 ha estado marcado por una fuerte tensión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios departamentales. Los gobernadores de Colombia han decidido acudir a la Corte Constitucional para frenar los efectos del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica declarada a finales del año pasado.
El Decreto 1474 fue emitido el 29 de diciembre de 2025 como parte de las medidas tributarias para atender los gastos del Presupuesto General de la Nación durante el estado de emergencia. Entre sus disposiciones, se incluyen nuevos impuestos al consumo y ajustes fiscales que, según el Gobierno, son necesarios para garantizar la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, los gobernadores sostienen que estas medidas afectan directamente las finanzas de las regiones, al centralizar recursos que antes eran administrados por los departamentos. Esto, aseguran, limita la capacidad de inversión en sectores clave como salud, educación, infraestructura y programas sociales.
Tras una reunión extraordinaria convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), los mandatarios regionales expresaron su rechazo unificado al decreto. Argumentan que la medida vulnera la autonomía fiscal y territorial, principios consagrados en la Constitución, y que compromete la gobernanza local.
En total, 17 departamentos se han sumado a esta iniciativa, conformando un bloque que busca interponer demandas, tutelas y solicitudes ante la Corte Constitucional. La acción conjunta refleja la magnitud del descontento y la preocupación por el impacto que la centralización de recursos podría tener en la ejecución de proyectos regionales.
Los gobernadores advierten que el decreto pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades territoriales, lo que podría traducirse en la suspensión de programas esenciales. Entre los sectores más afectados se encuentran:
- Salud: reducción de recursos para hospitales y programas de atención primaria.
- Educación: limitaciones en el financiamiento de escuelas y becas para estudiantes.
- Deporte y cultura: recortes en proyectos comunitarios y actividades de integración social.
Además, señalan que el aumento de impuestos al consumo golpea directamente a los ciudadanos, generando un efecto regresivo que afecta más a las familias de bajos ingresos.
La estrategia de los gobernadores incluye la presentación de acciones de inconstitucionalidad y tutelas ante la Corte Constitucional. El objetivo es demostrar que el decreto excede las facultades del Ejecutivo y vulnera derechos fundamentales.
Expertos en derecho constitucional han señalado que la Corte deberá evaluar si el Gobierno justificó adecuadamente la declaratoria de emergencia económica y si las medidas adoptadas respetan el equilibrio entre las competencias nacionales y territoriales.
El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y los gobernadores abre un nuevo frente de tensión política. Lo que comenzó como un debate sobre la gestión de recursos se ha transformado en una rebelión institucional sin precedentes, con casi la mitad del país cuestionando la legalidad de las decisiones del Ejecutivo.
Este choque de poderes podría tener consecuencias en la gobernabilidad y en la ejecución de proyectos clave, además de profundizar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
