La captura de Nicolás Maduro en Caracas reactivó el debate sobre el destino del oro venezolano retenido en Europa. Más de 4.000 millones de dólares permanecen en Londres y otros miles en Suiza, en medio de disputas legales, sanciones internacionales y la incertidumbre política sobre quién podrá reclamarlos.
La caída del régimen de Nicolás Maduro, tras su captura el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, abrió una nueva etapa de interrogantes sobre el control de los activos estratégicos de Venezuela en el exterior. Entre ellos, uno destaca por su peso simbólico y financiero: las reservas de oro depositadas en bancos europeos, especialmente en el Banco de Inglaterra, donde reposan 31 toneladas valoradas hoy en más de 4.000 millones de dólares.
El metal precioso, inmovilizado desde 2019, volvió al centro de la discusión internacional luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump anunciara su intención de asumir un rol de “gobierno interino” para Venezuela y de gestionar sus recursos petroleros. Aunque esa declaración carece de efectos jurídicos inmediatos, sí reactivó el debate sobre quién tiene legitimidad para administrar las reservas venezolanas en el extranjero.
El Gobierno británico fue enfático: la postura no cambia. Londres reiteró que, al no haber reconocido al régimen chavista, el Banco de Inglaterra —entidad independiente— actuó conforme a la política exterior del Reino Unido al negar el acceso a esas reservas. Así lo confirmó la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, ante el Parlamento, cerrando nuevamente la puerta a cualquier reclamación del chavismo.
La disputa no es menor. El oro retenido en Londres representa cerca del 30 % de las reservas internacionales venezolanas, estimadas en unos 11.000 millones de dólares. Además, su valor se duplicó en los últimos años, lo que incrementó su importancia en un país con severas restricciones de liquidez y limitado acceso a los mercados financieros internacionales.
La batalla judicial entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de Inglaterra se encuentra en pausa desde 2022, cuando el Tribunal Superior de Londres falló en contra del reclamo del gobierno de Maduro. En ese entonces, la justicia británica respaldó la posición de Londres de reconocer como autoridad legítima a la oposición encabezada por Juan Guaidó, quien fue reconocido por varios países como presidente interino entre 2019 y 2023.
Aunque el Banco Central venezolano anunció su intención de apelar, no se registraron nuevos movimientos legales desde entonces. Para los expertos, ese silencio judicial refleja tanto la debilidad del reclamo chavista como la falta de consenso internacional sobre un gobierno legítimo en Venezuela.
“El problema no es solo quién gobierna, sino cómo se mide y se respalda la legitimidad institucional”, explica Jesús Gorrin, profesor de Economía y Empresa de la Universitat de les Illes Balears. Según el académico, no está claro si las autoridades venezolanas incluyen formalmente el oro retenido en Londres dentro de sus reservas, lo que añade opacidad a las cifras oficiales.
Antes de la caída de Maduro, el acceso a ese oro estaba severamente restringido. Venezuela solo podía utilizarlo de forma limitada mediante operaciones de intercambio financiero, conocidas como swaps, debido a las disputas sobre la legitimidad del Ejecutivo. Esa restricción, subrayan los analistas, fue clave para impedir que el régimen accediera a liquidez inmediata.
Desde la oposición, la narrativa ha sido contundente. Vanessa Newman, quien actuó como representante de Juan Guaidó ante el Reino Unido, sostiene que permitir el acceso al oro habría significado financiar prácticas corruptas y alianzas internacionales cuestionadas. “Entregar esos recursos a un régimen acusado de violaciones de derechos humanos va en contra de los principios de cualquier banco central”, afirma.
La negativa británica, respaldada tanto por gobiernos conservadores como laboristas, se convirtió en un precedente global: los bancos centrales no están obligados a entregar activos cuando existe un cuestionamiento serio sobre la legitimidad del gobierno reclamante.
Suiza, sanciones y el futuro incierto de las reservas
El caso del Reino Unido no es el único. Suiza también custodia una parte significativa del oro venezolano: unas 127 toneladas transferidas desde 2013, valoradas en más de 5.000 millones de dólares. Según medios suizos, esa operación fue una medida desesperada del gobierno de Maduro para evitar la quiebra en los primeros años de su mandato.
Tras la captura del líder chavista, el Gobierno suizo anunció la congelación de los activos vinculados a Maduro y a su círculo cercano, aunque sin detallar el alcance exacto de la medida. Esa decisión refuerza la tendencia europea de bloquear el acceso a recursos estratégicos venezolanos hasta que exista un marco político claro y reconocido internacionalmente.
Para el Reino Unido, el mensaje ha sido coherente desde 2019: no reconocer a Maduro como presidente legítimo y exigir una transición democrática basada en elecciones libres y transparentes. Aunque Londres mantuvo canales diplomáticos mínimos para preservar el diálogo y apoyar a la población venezolana, su discurso se endureció frente a las denuncias de persecución política, violaciones de derechos humanos y fraude electoral.
La ministra Cooper fue explícita al señalar que el régimen chavista se sostuvo mediante “miedo, coerción y violencia”, y que el fin del gobierno de Maduro no merece lamentos. Esa postura explica por qué, incluso con un nuevo escenario político en Caracas, el oro difícilmente será liberado en el corto plazo.
Los expertos coinciden en que el destino final de las reservas dependerá de un factor clave: la legitimidad democrática del próximo gobierno venezolano. “Si hay elecciones justas y transparentes, y un ganador reconocido internacionalmente, ese gobierno podrá reclamar el oro”, señala Newman. Hasta entonces, el metal precioso seguirá en las bóvedas europeas, acumulando valor y simbolizando el colapso institucional del Estado venezolano.
Más allá de su valor contable, el oro cumple una función estratégica. Tradicionalmente, sirve como respaldo monetario y fuente de divisas para estabilizar la economía. Sin embargo, Venezuela ya opera mayoritariamente en monedas extranjeras, tras años de hiperinflación y pérdida de confianza en el bolívar. En ese contexto, las reservas auríferas representan más un botín político que una herramienta inmediata de política monetaria.
La pregunta, entonces, no es solo qué pasará con el oro, sino cuándo y en manos de quién. Mientras Europa mantiene las llaves de las bóvedas y la comunidad internacional exige garantías democráticas, el oro venezolano permanece inmóvil, convertido en símbolo de una riqueza nacional atrapada por la crisis política.
