La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su presunta responsabilidad en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ente acusador lo señala de omitir medidas de seguridad solicitadas antes del atentado.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, sacudió la política nacional. El dirigente, quien aspiraba a la Presidencia, fue víctima de un atentado sicarial pese a contar con un esquema de protección oficial. Su muerte generó un debate sobre la eficacia de los mecanismos de seguridad brindados por el Estado a líderes políticos.
La Fiscalía imputará a Rodríguez el delito de prevaricato por omisión, al considerar que no atendió las alertas y solicitudes de reforzar la seguridad de Uribe Turbay. Según el ente acusador, hubo reiteradas advertencias sobre el riesgo que enfrentaba el precandidato, las cuales no fueron gestionadas de manera adecuada.
La audiencia de imputación fue fijada para el 11 de febrero de 2026, y marcará un hito judicial, pues Rodríguez sería el primer alto funcionario del actual gobierno en enfrentar cargos por este magnicidio.
El anuncio ha generado un fuerte impacto en la opinión pública:
- Sectores políticos han exigido que se esclarezca si hubo negligencia institucional en la protección de Uribe Turbay.
- Organizaciones sociales consideran que el caso refleja la vulnerabilidad de líderes políticos frente a la violencia.
- Analistas jurídicos señalan que el proceso contra Rodríguez podría abrir la puerta a responsabilidades más amplias dentro del aparato estatal.
La Unidad Nacional de Protección, encargada de salvaguardar a líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos, enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad operativa. El caso pone en evidencia la necesidad de revisar protocolos, recursos y tiempos de respuesta ante amenazas verificadas.
De comprobarse la responsabilidad de Rodríguez, se abriría un precedente sobre la obligación de los funcionarios de garantizar medidas efectivas de protección.
