El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha solicitado formalmente que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional, sea apartado del debate sobre la reforma pensional. La petición se fundamenta en declaraciones previas del magistrado que, según la Presidencia, podrían comprometer su imparcialidad en el proceso.
El lunes 26 de enero de 2026, la Presidencia de la República, a través de su secretario jurídico Augusto Ocampo, radicó una recusación contra el magistrado Ibáñez. El argumento central es que el presidente de la Corte habría emitido opiniones sobre la Ley 2381 de 2024 en una entrevista En dicha conversación, Ibáñez señaló que un vicio de trámite en la reforma “no se subsanó”, lo que, según el Gobierno, constituye un prejuzgamiento sobre un asunto aún en estudio.
No es la primera vez que el Gobierno Petro recusa al magistrado Ibáñez. Semanas atrás, ya se había solicitado su apartamiento en el debate sobre la declaratoria de emergencia económica, aunque en esa ocasión el propio magistrado se declaró impedido. Este nuevo episodio refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, especialmente en torno a temas de alto impacto como la reforma pensional.
La reforma pensional es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno Petro, pues busca modificar el sistema de pensiones en Colombia para ampliar la cobertura y garantizar sostenibilidad financiera. La Corte Constitucional tiene la tarea de revisar la constitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso, y cualquier decisión sobre recusaciones podría retrasar el proceso. La Sala Plena deberá decidir si acepta o rechaza la solicitud de apartar al magistrado Ibáñez.
De ser aceptada, el debate quedaría en manos de los demás magistrados, lo que podría modificar la dinámica interna de la discusión. En caso contrario, Ibáñez seguiría liderando el análisis como presidente de la Corte, aunque bajo la sombra de las críticas del Ejecutivo.
El episodio ha generado un intenso debate político y jurídico. Para algunos sectores, la recusación es una estrategia del Gobierno para neutralizar posibles obstáculos en la Corte. Otros consideran que se trata de un intento legítimo de garantizar imparcialidad en un proceso de gran trascendencia nacional.
La decisión final de la Sala Plena será clave no solo para el futuro de la reforma pensional, sino también para la relación entre el Gobierno y las altas cortes. En un contexto de tensiones institucionales, el desenlace marcará un precedente sobre los límites de la independencia judicial frente a las presiones políticas.
