La Corte Constitucional apartó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez del debate sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno, tras acoger su impedimento por unanimidad. La decisión reconfigura el equilibrio interno del tribunal y deja en suspenso la posible suspensión provisional del decreto.
La discusión sobre la constitucionalidad de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional entró en una nueva fase luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidiera, de manera unánime, separar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez del estudio del caso. La determinación se produjo tras declarar fundado el impedimento presentado por el propio magistrado, luego de una recusación elevada desde la Presidencia de la República.
El origen de la controversia está en una entrevista concedida por Ibáñez a un medio de comunicación, en la que se refirió al trámite del decreto de emergencia. Para el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), esas declaraciones vulneraban la causal que impide a los jueces pronunciarse previamente sobre asuntos sometidos a su decisión.
En el escrito de recusación se advirtió que “las declaraciones públicas del magistrado Ibáñez que comprometen su imparcialidad se relacionan no solo con la decisión de constitucionalidad, sino de manera directa con la resolución de las solicitudes de suspensión provisional”. La Sala Plena acogió ese planteamiento y, con ello, también dejó sin efecto la recusación, al resolverse mediante la aceptación del impedimento.
Ibáñez, por su parte, había sostenido que sus afirmaciones se limitaron a explicar el procedimiento del control constitucional, en un contexto de alta demanda ciudadana de información. Sin embargo, el alto tribunal consideró que existía una afectación objetiva a la apariencia de imparcialidad.
El decreto de emergencia económica —conocido como el “decreto madre”— habilita al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley, bajo el argumento de atender una situación excepcional que afecta gravemente el orden económico del país. Entre sus principales efectos se encuentran la creación de nuevos impuestos y el aumento temporal de otros ya existentes.
En desarrollo de esta declaratoria, el Gobierno expidió el decreto reglamentario 1474 de 2025, mediante el cual se establecieron medidas fiscales como el IVA del 19% a las bebidas alcohólicas y a las apuestas en línea, así como un impuesto al patrimonio para personas naturales con capital superior a los 2.000 millones de pesos. El objetivo, según el Ejecutivo, es garantizar recursos inmediatos para enfrentar desequilibrios fiscales y financiar programas sociales.
No obstante, múltiples expertos han advertido que el impacto de estas medidas podría ser contraproducente. Centros de pensamiento económico han señalado que nuevos impuestos indirectos presionan la inflación y afectan el consumo, mientras que el gravamen al patrimonio podría desincentivar la inversión en un contexto de desaceleración económica.
Una Corte dividida y votos en suspenso
La salida de Ibáñez altera el mapa de votaciones dentro de la Corte Constitucional. Actualmente, está sobre la mesa una ponencia del magistrado Carlos Camargo que propone suspender de manera provisional el decreto de emergencia mientras se adopta una decisión de fondo. Sin embargo, sin el voto del magistrado apartado, el resultado es incierto.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el tribunal quedaría dividido entre un bloque considerado cercano a la línea gubernamental —integrado por los magistrados Carvajal, Fernández, Polo Rosero, Cortés y la magistrada Ángel— y otro sector crítico del decreto, conformado por el propio Camargo y las magistradas Meneses y Escobar.
El magistrado Juan Carlos Cortés, quien estudia el decreto 1474 de 2025, también presentó una propuesta de medida cautelar, aunque parcial. Su iniciativa plantea suspender únicamente los impuestos indirectos, manteniendo vigente el recaudo del impuesto al patrimonio. Esta postura, de prosperar, permitiría al Gobierno conservar una fuente significativa de ingresos mientras se define la constitucionalidad de fondo.
El debate jurídico no se limita a los impuestos. El núcleo del cuestionamiento está en si el Gobierno cumplió con los requisitos constitucionales para declarar el estado de emergencia. La Carta Política exige que las causas sean hechos sobrevinientes, imprevisibles y graves, condiciones que, según diversos analistas, no se cumplen plenamente en este caso.
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo ha señalado que los argumentos del Ejecutivo responden más a problemas estructurales que a una crisis inesperada. En la misma línea, gremios empresariales y centros de estudio económico han advertido que la emergencia no puede convertirse en un atajo para reformas fiscales que deberían tramitarse en el Congreso.
Desde el Consejo Gremial se ha insistido en que “el uso recurrente de estados de excepción debilita la institucionalidad y genera incertidumbre jurídica”, mientras que Fedesarrollo y Asocapitales han alertado sobre el impacto negativo que estas medidas pueden tener en la confianza de inversionistas y mercados.
Un fallo con efectos políticos y económicos
La decisión final de la Corte Constitucional no solo definirá la suerte del decreto de emergencia económica, sino que marcará un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia fiscal. Una suspensión provisional enviaría un mensaje de contención institucional; una convalidación, en cambio, reforzaría la capacidad del Gobierno para actuar por vía excepcional.
Por ahora, con la exclusión del magistrado Ibáñez, el escenario permanece abierto. La Corte enfrenta una de las decisiones más sensibles del año, en un contexto de polarización política y presión económica. El resultado tendrá efectos inmediatos en el recaudo, el bolsillo de los ciudadanos y la relación entre los poderes públicos.
