Un proyecto del Ministerio de Transporte encendió alarmas entre Uber, Didi, Cabify e inDrive, que advierten que la iniciativa “prohibiría del todo” su operación en Colombia. El articulado, de 118 artículos, redefine el transporte privado como “ilegal” y habilita sanciones millonarias para conductores, usuarios y propiedades.
La radicación del proyecto de ley que reforma el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte abrió un frente de tensión entre el Gobierno Petro y las plataformas de movilidad que operan en el país. Aunque el Ministerio de Transporte sostiene que se trata de una actualización normativa, los gremios del sector interpretan la iniciativa como un intento directo de prohibición. La propuesta, presentada el 20 de enero de 2026, contiene 118 artículos distribuidos en 71 páginas y, según las plataformas, está diseñada para “acabar de raíz” con los servicios de transporte intermediados por aplicaciones.
Desde el inicio del articulado, el proyecto define como “servicio ilegal de transporte” cualquier traslado de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial. Esta definición, aparentemente técnica, es para los gremios la evidencia más clara de la intención prohibitiva. José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In —organización que agrupa a Uber, Didi, Cabify, inDrive y otras plataformas— afirma que el texto “define como abiertamente ilegal la movilidad con vehículo particular”, lo que, en su lectura, elimina cualquier posibilidad de regulación moderna.
Uno de los elementos más controvertidos es la amplitud de los sujetos sancionables. El artículo 8 establece que podrán ser multadas “las personas naturales y jurídicas que presten servicio ilegal de transporte” y también quienes “faciliten a otros con su conducta el incumplimiento de las normas de transporte”. Para los gremios, esta redacción convierte en potencial infractor a cualquier ciudadano, empresa o propiedad que tenga contacto con un vehículo asociado a una plataforma.
Las sanciones económicas también han generado preocupación. Según el análisis de Alianza In, las multas podrían llegar hasta los 2.179 millones de pesos en casos donde no exista una sanción específica definida en la ley. Además, los vehículos utilizados para prestar estos servicios podrían ser inmovilizados hasta por 120 días, incluso sin una decisión judicial de fondo.
El proyecto también contempla sanciones para propiedades horizontales, hoteles, centros comerciales y conjuntos residenciales que permitan el acceso o estacionamiento de vehículos asociados a plataformas. En estos casos, las multas podrían alcanzar los 726 millones de pesos, lo que, según los gremios, generaría un “veto de facto” a la operación de estas aplicaciones en espacios privados.
Estrategia de control que involucra a Policía y alcaldes
El artículo 68 del proyecto ordena a la Policía Nacional dirigir esfuerzos para “contrarrestar el fenómeno” del transporte ilegal, calificando estas actividades como un riesgo para el orden público y la convivencia. Para López, esta disposición implica una “criminalización directa” de los conductores y usuarios de plataformas.
Además, el proyecto obliga a alcaldes y autoridades locales a intensificar controles en aeropuertos, centros comerciales, terminales, hoteles y edificios administrativos, con el fin de identificar y sancionar cualquier actividad asociada al transporte informal o ilegal. Esta obligación, según los gremios, convierte a los mandatarios locales en agentes activos de persecución.
Las plataformas de movilidad han adquirido un papel central en la vida urbana del país. Según cifras de Alianza In, más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de estas aplicaciones, mientras que más de 21 millones de usuarios las utilizan de manera habitual. “Inmovilizar un vehículo durante semanas o meses implica cortar de tajo el ingreso de una familia”, advirtió López.
Para el gremio, el proyecto desconoce la realidad económica de miles de hogares que dependen de estos ingresos y pasa por alto los llamados de la Corte Suprema y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han insistido en la necesidad de avanzar hacia una regulación clara y moderna, no hacia la prohibición.
Uber, por su parte, afirmó que el proyecto “confunde la innovación con amenaza” y que “criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y la seguridad de millones de usuarios”. La plataforma insistió en que “usar la tecnología no es un delito y los colombianos lo saben”.
¿Regulación o prohibición? El debate de fondo
El Gobierno sostiene que el proyecto busca fortalecer la supervisión del transporte y cerrar vacíos normativos. Sin embargo, para las plataformas, el articulado no deja espacio para la interpretación: se trata de una prohibición total. López lo resume así: “Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan”.
La iniciativa también incluye un artículo que prohíbe a congresistas, alcaldes y funcionarios públicos pronunciarse a favor de estas plataformas, lo que ha sido calificado como una “ley mordaza” que limita el debate democrático.
El debate sobre el futuro de las plataformas de movilidad en Colombia no es nuevo, pero este proyecto marca un punto de inflexión. Mientras en otros países se avanza hacia modelos híbridos que integran tecnología, regulación y derechos laborales, la propuesta del Gobierno Petro parece orientarse hacia un cierre definitivo del modelo digital.
Los gremios insisten en que la discusión debe centrarse en la formalización, la seguridad y la competencia justa, no en la eliminación de un servicio que millones de ciudadanos utilizan diariamente. El proyecto, que inicia ahora su trámite legislativo, definirá no solo el futuro de Uber, Didi, Cabify e inDrive, sino también el modelo de movilidad que adoptará Colombia en los próximos años.
