La Fiscalía General de la Nación informó que el médico general Gabriel Agámez Moreno fue condenado a 48 meses de prisión por la muerte de una mujer de 32 años en Barrancabermeja, tras una cirugía estética invasiva que le causó graves complicaciones y posterior fallecimiento.
El caso que estremeció a Barrancabermeja y al departamento de Santander vuelve a ser noticia tras la condena emitida contra el médico Gabriel Agámez Moreno. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el profesional fue hallado responsable de la muerte de una mujer de 32 años, ocurrida en febrero de 2020, luego de someterse a un procedimiento estético invasivo en abdomen, espalda y glúteos.
Según el boletín oficial, “la investigación estableció que el hoy condenado era médico general y no contaba con una especialidad para practicar cirugías estéticas”. Este detalle resultó crucial para el proceso judicial, pues evidenció la falta de idoneidad y preparación técnica del profesional para realizar este tipo de intervenciones.
El 28 de febrero de 2020, en una clínica privada de Barrancabermeja, la víctima ingresó para someterse a una cirugía estética. Tras el procedimiento, su salud se deterioró rápidamente. El dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal determinó que la paciente sufrió una infección crítica en la pared abdominal y lesiones internas severas, lo que derivó en su fallecimiento tres días después.
La clínica donde se realizó la intervención fue posteriormente desmantelada, lo que dificultó la recolección de pruebas materiales. Sin embargo, los testimonios y los informes médicos permitieron a la Fiscalía consolidar un caso sólido contra Agámez Moreno.
El juez de conocimiento dictó una sentencia de 48 meses de prisión por el delito de homicidio culposo. Además, el médico fue condenado al pago de 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer la medicina durante 60 meses.
La decisión judicial, de primera instancia, aún puede ser apelada. No obstante, marca un precedente importante en la lucha contra la práctica irregular de procedimientos estéticos en Colombia.
Contexto nacional
En los últimos años, Colombia ha enfrentado un aumento en la demanda de cirugías estéticas. Según cifras de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, el país se ubica entre los primeros de Latinoamérica en número de procedimientos realizados. Sin embargo, también se han registrado múltiples casos de muertes y complicaciones graves debido a la intervención de médicos sin especialización o clínicas sin habilitación.
El Ministerio de Salud ha advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos de someterse a procedimientos estéticos en lugares no certificados. En 2023, por ejemplo, se reportaron más de 20 muertes relacionadas con cirugías plásticas realizadas en condiciones irregulares.
Este panorama ha generado llamados de atención por parte de asociaciones médicas y defensores de derechos de los pacientes, quienes insisten en la necesidad de reforzar la regulación y vigilancia sobre las clínicas y profesionales que ofrecen estos servicios.
En el comunicado oficial, la Fiscalía subrayó que “las pruebas recopiladas permitieron la condena del médico Gabriel Agámez Moreno” y que la muerte de la paciente fue “producto directo de la intervención practicada por el hoy condenado, que no contaba con la idoneidad para realizarla”.
La entidad también recordó que la situación judicial del condenado se encuentra pendiente de resolver en instancias superiores, siempre bajo el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Política.
El caso ha generado indignación en Barrancabermeja, donde familiares y allegados de la víctima han exigido justicia y mayor control sobre las clínicas privadas que ofrecen procedimientos estéticos. Para muchos, la condena representa un avance en la protección de los pacientes, aunque persiste la preocupación por la proliferación de ofertas médicas sin respaldo profesional.
Expertos en derecho penal señalan que este tipo de fallos envía un mensaje claro: la negligencia médica y la falta de preparación en procedimientos de alto riesgo no pueden quedar impunes. Además, refuerza la necesidad de que los pacientes verifiquen la idoneidad de los profesionales antes de someterse a cualquier cirugía.
