El hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo movilizadas sin justificación ha reavivado las sospechas de sobornos a la Policía en Santander. Autoridades investigan posibles casos de cohecho, delito que implica ofrecer dádivas a funcionarios públicos y que acarrea severas sanciones penales.
En Santander, recientes investigaciones han puesto bajo la lupa la práctica de mover grandes cantidades de dinero en efectivo sin respaldo documental. Este fenómeno, que a menudo se vincula con actividades ilícitas, ha derivado en denuncias de sobornos a la Policía y en la apertura de procesos judiciales por cohecho.
El cohecho, según el Código Penal colombiano, se configura cuando un servidor público recibe, solicita o acepta dádivas, dinero o cualquier beneficio indebido para realizar, omitir o retrasar un acto propio de sus funciones. También se tipifica cuando un ciudadano ofrece tales beneficios con el fin de obtener favores o evitar sanciones. La norma establece que el responsable puede enfrentar penas de prisión de 5 a 8 años, además de multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Un investigador consultado señaló: “El cohecho es una de las prácticas más corrosivas para la confianza institucional, porque convierte la función pública en un mercado de favores”. La Fiscalía ha advertido que en Santander se han detectado varios episodios en los últimos años, en donde ciudadanos intentaron sobornar a uniformados para evitar sanciones de tránsito, decomisos de mercancía o investigaciones por lavado de activos.
En Bucaramanga y municipios cercanos se han registrado procesos judiciales por cohecho que involucran tanto a ciudadanos como a miembros de la fuerza pública. En 2023, por ejemplo, un conductor fue capturado tras ofrecer dinero a un agente de tránsito para evitar la inmovilización de su vehículo. En otro caso, comerciantes de la región fueron procesados por intentar sobornar a policías con el fin de permitir el transporte de mercancía sin los debidos permisos.
Estos episodios reflejan una problemática recurrente: la percepción de que el soborno puede ser una vía rápida para evadir controles. Sin embargo, las autoridades insisten en que aceptar o dar dinero a funcionarios públicos no solo constituye un delito, sino que perpetúa la corrupción y debilita el Estado de derecho.
Dinero en efectivo y sospechas
El uso de grandes cantidades de efectivo es otro factor que alimenta las investigaciones. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha advertido que mover sumas superiores a los límites permitidos sin justificación puede ser indicio de lavado de activos o de pagos ilegales. En Santander, la Policía ha reportado decomisos de maletas con dinero que no contaban con soporte bancario ni tributario.
Un oficial de la región explicó: “Cuando encontramos personas con más de 50 millones de pesos en efectivo, sin documentos que respalden su origen, se encienden las alarmas. Muchas veces ese dinero está destinado a sobornos o pagos ilícitos”.
La práctica de transportar efectivo en grandes cantidades, además de ser riesgosa, facilita la corrupción porque permite transacciones rápidas y difíciles de rastrear. En contraste, las operaciones bancarias dejan huella y permiten a las autoridades seguir el rastro del dinero.
El problema del cohecho no es exclusivo de Santander. A nivel nacional, la Procuraduría y la Fiscalía han señalado que los sobornos a la Policía y a otras autoridades son una de las formas más comunes de corrupción cotidiana. Desde pagos para evitar comparendos hasta sumas millonarias para frenar investigaciones, el fenómeno atraviesa distintos niveles de la administración pública.
En este sentido, expertos en derecho penal subrayan que la sanción por cohecho busca desincentivar la práctica y proteger la transparencia institucional. No obstante, la efectividad de la norma depende de la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera ejemplar.
La ciudadanía percibe que la corrupción se ha normalizado en algunos ámbitos. En encuestas recientes, un porcentaje significativo de habitantes de Bucaramanga reconoció haber presenciado intentos de soborno a funcionarios públicos. Esta situación genera desconfianza en las instituciones y erosiona la legitimidad de la Policía, que debería ser garante de la legalidad.
Un líder comunitario expresó: “Cuando la gente ve que con dinero se pueden evitar sanciones, pierde la fe en la justicia. Eso nos afecta a todos, porque la corrupción no distingue estratos ni sectores”.
