Tras casi cuatro días de parálisis institucional, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de financiación que permitió reabrir parcialmente el gobierno federal, en medio de una tensa confrontación política por la reforma de los protocolos del servicio de inmigración y el papel del ICE.
El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos llegó a su fin luego de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley de financiación que destrabó el funcionamiento de agencias clave, paralizadas por desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la política migratoria y el control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La iniciativa fue aprobada por un estrecho margen de 217 votos a favor y 214 en contra, reflejo de una polarización que atraviesa al Congreso en un año marcado por tensiones electorales y debates sobre seguridad fronteriza. El texto ahora espera la firma del presidente Donald Trump, quien había presionado públicamente para evitar un cierre prolongado del Ejecutivo.
El origen del bloqueo estuvo en la negativa de los demócratas a aprobar fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin introducir reformas estructurales al ICE. La postura se endureció tras la muerte de dos manifestantes en Mineápolis durante un operativo de agentes migratorios, hecho que desató protestas masivas y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas.
“Nadie está por encima de la ley. Los agentes del ICE deberían estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro miembro de las fuerzas del orden”, afirmó Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara, al defender la necesidad de cambios inmediatos en los protocolos de actuación.
Aunque el proyecto aprobado no incluye las reformas exigidas por la oposición, sí deja abierta la puerta a futuras negociaciones. El Senado ya había dado luz verde días antes a un paquete de financiación que garantiza recursos para la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, con el compromiso de discutir el presupuesto específico del ICE y del DHS en las próximas dos semanas.
La votación evidenció fracturas internas en ambos partidos. Veintiún demócratas se unieron a los republicanos para respaldar el plan de financiación, mientras un número equivalente de legisladores republicanos se opuso, reacios a reabrir el debate presupuestal del DHS. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, pasó horas negociando con su bancada para evitar que el proyecto naufragara.
Desde la Casa Blanca, Trump intervino directamente para destrabar el impasse. “Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley”, escribió el mandatario en Truth Social. En otro mensaje, advirtió que “no podemos permitir otro cierre prolongado, inútil y destructivo”, aludiendo al shutdown de 43 días registrado el verano pasado.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció medidas que buscan descomprimir la presión política. La secretaria Kristi Noem confirmó que los agentes federales en Mineápolis portarán cámaras corporales “con efecto inmediato”, una política que, según dijo, se ampliará progresivamente a todo el país. La decisión responde a una de las principales exigencias demócratas, junto con la prohibición del uso de pasamontañas y la obligatoriedad de órdenes judiciales para las detenciones.
Analistas coinciden en que el acuerdo alcanzado es frágil y temporal. Si bien permitió reactivar la administración pública, dejó intactas las diferencias de fondo sobre la política migratoria, uno de los temas más divisivos de la agenda estadounidense. El debate sobre el rol del ICE, sus métodos y su presupuesto volverá al centro del escenario legislativo en cuestión de días.
Por ahora, el gobierno federal retoma sus funciones, pero el pulso político continúa. El desenlace de las próximas negociaciones será clave para determinar si el Congreso logra un consenso duradero o si el fantasma de un nuevo cierre vuelve a sobrevolar Washington.
