Costa Rica eligió a Laura Fernández como presidenta en primera vuelta y confirmó la continuidad del proyecto político del saliente Rodrigo Chaves. La victoria amplia del oficialismo reconfigura el mapa legislativo, instala la seguridad como eje del nuevo gobierno y abre interrogantes sobre gobernabilidad y límites institucionales.
Costa Rica amaneció con un mensaje claro de las urnas: continuidad. Con cerca del 50% de los votos, Laura Fernández se convirtió en la presidenta electa número 50 en la historia del país y evitó el balotaje al superar con holgura el umbral constitucional. La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPS) capitalizó el respaldo al gobierno saliente y dejó atrás a Álvaro Ramos, del tradicional Partido Liberación Nacional, que se ubicó alrededor del 33%.
El resultado no solo consagra a una nueva mandataria, sino que consolida un ciclo político marcado por el discurso antiestablishment, la promesa de “mano dura” frente a la criminalidad y una relación tensa con otros poderes del Estado. Fernández se presentó durante la campaña como la “continuidad del cambio”, una fórmula que buscó heredar la popularidad de Rodrigo Chaves y proyectar estabilidad en un contexto de preocupación ciudadana por la inseguridad.
La noche electoral tuvo una señal política llamativa. Antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) oficializara los resultados, el presidente salvadoreño Nayib Bukele felicitó públicamente a Fernández. El gesto reforzó la lectura de afinidades ideológicas: la presidenta electa ha señalado su inspiración en el modelo de seguridad de El Salvador, ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Para sus críticos, ese espejo anticipa una deriva autoritaria; para sus seguidores, una respuesta eficaz a un problema urgente.
En el plano legislativo, el oficialismo también obtuvo una victoria relevante, aunque insuficiente para gobernar sin acuerdos. Con cerca del 40% de los votos, el PPS proyecta entre 30 y 31 escaños en la Asamblea Legislativa. Será la principal fuerza, pero quedará lejos de la mayoría absoluta de 40 bancas que buscaba para aprobar reformas estructurales sin negociar. El nuevo gobierno deberá, por tanto, construir consensos en un Congreso fragmentado y con oposiciones vigilantes.
Laura Fernández, nacida en 1986, es politóloga y cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática por la Universidad de Costa Rica. Su trayectoria combina experiencia técnica y cercanía con el poder ejecutivo. Durante ocho años trabajó en la Secretaría Sectorial de Empleo Público, luego fue asesora parlamentaria y, con la llegada de Rodrigo Chaves al poder, ocupó cargos clave: ministra de Planificación y jefa de gabinete. Renunció a ese último puesto en enero de 2025 para lanzarse a la contienda presidencial.
Esa biografía explica buena parte de su perfil: una dirigente joven, formada en políticas públicas, que se consolidó al calor del actual gobierno. En campaña, defendió un programa ambicioso estructurado en cinco ejes y más de 500 acciones. Uno de ellos, “justicia y seguridad humana”, concentra 80 medidas con énfasis en orden, control territorial y combate al crimen organizado.
La inseguridad fue el tema dominante de la elección. El aumento de los homicidios y la expansión de bandas delictivas colocaron la cuestión en el centro del debate público. Fernández prometió “mano dura” contra el crimen, la posibilidad de decretar estados de excepción en zonas críticas, reformas al Poder Judicial y endurecimiento de las leyes penales. También ratificó la continuidad de una mega cárcel inspirada en el modelo salvadoreño.
En materia económica e institucional, una de las propuestas más controvertidas es la venta del Banco de Costa Rica y de Bisca, dos entidades públicas cuyos recursos, según la presidenta electa, se destinarían a fortalecer el sistema de pensiones. La iniciativa despierta resistencias en sectores que temen una privatización estratégica y reclaman mayor debate parlamentario.
La jornada electoral transcurrió sin sobresaltos. Tras 12 horas de urnas abiertas, con cierre puntual a las 18 horas, la participación rozó el 70%, un nivel superior al de comicios recientes. Más de 3,7 millones de costarricenses estaban habilitados para votar entre 20 candidaturas presidenciales y más de mil aspirantes a 57 curules legislativas. En San José, simpatizantes de distintas fuerzas políticas se congregaron en la Fuente de la Hispanidad para seguir el conteo en un clima mayormente festivo.
No obstante, el día tuvo episodios de tensión. Un video viral mostró al presidente saliente, Rodrigo Chaves, realizando gestos de burla a detractores que le gritaban “¡Fuera Chaves!” a las afueras de un centro de votación en Curridabat. El mandatario había acudido a acompañar a la diputada oficialista Pilar Cisneros. Las imágenes generaron críticas transversales. El candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, cuestionó la “madurez emocional” del presidente y afirmó que “nunca entendió lo que significa vivir en un país de paz”. Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, llamó a vivir la votación “con respeto y sin violencia” y sostuvo que “al primero que hay que llamarle un poquito la atención es al presidente de la República”.
También desde el Partido Unidad Social Cristiana hubo reproches. Juan Carlos Hidalgo lamentó “que hayamos llegado a eso” y repudió “el nivel de toxicidad por parte de la persona que debería dar más ejemplo a todos los costarricenses”. Las reacciones reflejaron un clima de campaña áspero, atravesado por descalificaciones y denuncias cruzadas.
Al anunciar el primer corte de resultados, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, destacó que se trató de “elecciones ejemplares” y llamó a una reflexión colectiva tras una campaña “intensa” con “discursos de odio”. “El llamado hoy es a la responsabilidad, a frenar esta escalada de insultos y crispación que no nos acerca un milímetro a los objetivos en los que deberíamos converger”, subrayó. En un mensaje que muchos interpretaron como respuesta a los cuestionamientos del Ejecutivo, Zamora añadió que “fracasaron quienes intentaron desacreditar a este Tribunal y dañar la confianza que nuestro pueblo siempre ha tenido en los procesos electorales”.
Ese contrapunto institucional es una de las claves del nuevo período. Durante su mandato, Chaves mantuvo choques con el Poder Judicial y con el propio TSE. Fernández hereda no solo un caudal electoral significativo, sino también una relación delicada con los contrapesos del sistema. En campaña, dejó abierta la posibilidad de ofrecerle un cargo a Chaves en su futuro gabinete, un gesto que refuerza la idea de continuidad, pero que también podría profundizar tensiones.
El desafío de gobernabilidad será inmediato. Sin mayoría absoluta en el Congreso, la presidenta electa necesitará acuerdos para avanzar con reformas sensibles. La oposición, fragmentada pero alerta, promete ejercer control. Al mismo tiempo, la ciudadanía espera respuestas rápidas frente a la inseguridad, el empleo y el costo de vida.
